El caos total se apoderó ayer de la capital boliviana al término de una sangrienta jornada marcada por los enfrentamientos entre la policía y el Ejército, que se saldó con 14 muertos y más de 50 heridos. Nueve de los fallecidos son policías. La ola de vandalismo se plasmó además en el incendio y saqueo de varios edificios, entre ellos, el de la vicepresidencia de la República. Las violentas protestas, apoyadas por la policía, se desataron tras la aprobación por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de una fuerte subida tributaria. Horas más tarde el mandatario retiró la medida.
El enojo de grupos de ciudadanos enardecidos y la acción de los vándalos tuvieron anoche mayor repercusión que las palabras -que intentaban ser pacificadoras- del presidente boliviano. En un mensaje a la nación, Sánchez de Lozada anunció que retiraba su polémico proyecto de medidas económicas, entre las que destacaba un impuesto del 12,5% sobre los salarios. El mandatario pidió además a los comandantes de Ejército y la policía que ordenaran el repliegue de sus fuerzas.
Sin embargo, mientras el presidente hablaba, varios francotiradores continuaron abatiendo a policías y civiles que protestaban. Además, ante la ausencia total de fuerzas del orden, grupos de vándalos destrozaron en La Paz las oficinas de la vicepresidencia y saquearon e incendiaron también el Ministerio de Trabajo y las sedes de partidos políticos de la coalición gubernamental: el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y la Unidad Cívica Solidaridad (UCS). También fueron asaltadas algunas entidades bancarias. En Cochabamba, las sedes de los mismos partidos fueron allanadas, incendiadas y saqueadas.
En la madrugada de hoy (hora española) la rebelión de la policía se mantenía. Cuando se pensaba que podía lograrse un entendimiento para que todos se replegasen a sus cuarteles, un francotirador abatió a dos policías en el interior de la sede del Grupo Especial de Seguridad (GES). Las escenas que se sucedieron más tarde, con indignados camaradas que pedían armas para vengar la muerte de sus compañeros y un comandante general de la policía, Edgar Pardo, que en plena crisis de llanto se despojó de sus galones, crearon una gran incertidumbre sobre lo que pudiera ocurrir. La policía exigió la inmediata renuncia del ministro del Interior, Alberto Gasser, para comenzar cualquier conversación con las autoridades. En Cochabamba, el Estado Mayor del Pueblo protagonizó una marcha de protesta y bloqueo de las principales calles de la ciudad, mientras que en Santa Cruz, la tropa -se calcula en unos 1.500- se acuarteló en el penal de máxima seguridad, Palmasola, desde donde anunciaron su traslado a La Paz para apoyar la insubordinación policial.
El papel de la policía boliviana ha sido decisivo, ya que no solamente rechazó las medidas económicas del Gobierno, sino que también le exigió un aumento del 40% de sus salarios. Para lograrlo abandonó las calles, que quedaron a merced de la delincuencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de febrero de 2003