La mejora de la seguridad de las sedes judiciales del País Vasco costó el pasado año al Gobierno autónomo cerca de cuatro millones de euros, según informó ayer el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. En una comparecencia parlamentaria, Azkarraga explicó que el plan para proteger las sedes ha consistido fundamentalmente en el refuerzo de la seguridad activa (vigilancia personal) de los edificios, la innovación de elementos de seguridad pasiva y la elaboración de una serie de normas de actuación.
Así, los edificios judiciales han ampliado su vigilancia a 24 horas y se ha incrementado el número de personas encargadas de la seguridad en los horarios de apertura al público. Además, los departamentos de Justicia e Interior han acordado incorporar a las sedes un oficial de la Ertzaintza experto en labores de seguridad. En este sentido, el consejero de Justicia hizo referencia a las "dificultades" existentes para asig-nar más efectivos a las tareas de vigilancia y explicó que esa falta de recursos humanos determinó la convocatoria, durante el pasado año, de un concurso público para adjudicar las labores de protección.
Azkarraga agregó que ha remitido a los ayuntamientos una relación de las necesidades apreciadas en la calle para reducir los riesgos en los edificios judiciales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de febrero de 2003