La Consejería de Obras Públicas y Transportes, y el Ayuntamiento de Cádiz preparan una serie de actuaciones preventivas para impedir la supuesta venta ilegal de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la capital gaditana por parte de sus adjudicatarios sin que haya transcurrido el plazo de entre cinco y diez años que establece la ley para enajenar estas propiedades. Con todo, la Junta de Andalucía no ha registrado ningún caso de estas características en viviendas sociales.
En la ciudad de Cádiz se han entregado más de un millar de viviendas VPO en los últimos años gracias a las nuevas promociones construidas fundamentalmente en los terrenos ociosos de astilleros. La normativa que regula este tipo de hogares prohíbe a sus propietarios vender los pisos en régimen general antes de que se cumplan cinco años desde su adquisición, y diez años si se trata de un piso de régimen especial.
Según informó ayer Diario de Cádiz, la sospecha de que algunos propietarios hayan podido enajenar sus casas a los pocos meses de comprarlas y por el doble o el triple del precio que abonaron a obligado a la Junta y a la Empresa Municipal de Vivienda Procasa a iniciar sendas investigaciones al respeto. La Junta confirmó ayer que tan sólo ha recibido dos denuncias en este sentido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de febrero de 2003