La aplicación de las órdenes de 1 y 12 de julio de 2003, que la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia parece dispuesta llevar a cabo afecta gravemente a la calidad de la enseñanza pública y a los derechos laborales por varias razones.
La calidad se vería afectada porque de su aplicación resultaría un modelo de centro escolar mermado en recursos humanos imprescindibles para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje; a la población inmigrante, cada vez más numerosa; a los alumnos y alumnas cuyo alto nivel académico e interés hacen necesaria una atención especial. A todo ello hemos de añadir la supresión de la posibilidad de elección del francés como primer idioma extranjero, lo que parece poco adecuado en pleno proceso de integración europea, y el incumplimiento de los compromisos anteriormente pactados respecto a la creación de nuevos centros escolares.
Los legítimos derechos que, como cualquier trabajador, tenemos los profesores y profesoras, también se verían gravemente afectados, especialmente si tenemos en cuenta que nuestros representantes sindicales no han sido consultados en forma reglamentaria. La Consejería de Educación no ha respetado los acuerdos firmados por los que se comprometía a la creación de 4.400 puestos de trabajo.
Los profesores de enseñanzas medias no nos negamos a una racionalización de las plantillas que consideramos necesaria. Solamente exigimos que se realice de forma correcta, atendiendo a las necesidades reales de la enseñanza pública y negociando con los sindicatos. Por esto, como medida de protesta ante la situación, nos hemos sumado a las movilizaciones que está realizando el profesorado encerrándonos en el IES 27.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de febrero de 2003