Con la muerte ayer de diez personas se elevó ayer a 27 el número de fallecidos en Bolivia por los violentos disturbios y la rebelión policial que estalló el pasado miércoles. Las guarniciones policiales de Santa Cruz y Cochabamba rechazaron el acuerdo alcanzado con el Gobierno en La Paz. El Ejecutivo sacó al Ejército a las calles de las principales ciudades del país ante las protestas que exigen la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada.
El acuerdo firmado entre los portavoces de la policía amotinada y de las autoridades gubernamentales garantiza una indemnización de 10.000 dólares para cada una de las familias de los diez policías muertos el miércoles -en total murieron 17 personas-, además de una bonificación bimensual de ocho dólares, según informó ayer el ministro de Vivienda, Carlos Morales, que no reveló todo el contenido del acuerdo.
Éste fue rechazado por la policía departamental (provincial) de Cochabamba y Santa Cruz, cuyos miembros se mantienen acuartelados y estudian nuevas medidas de protesta. De momento, los agentes de Santa Cruz decidieron sumarse, junto con sus familias, a la marcha de la Central Obrera Boliviana, la primera en la historia que no será controlada ni reprimida por la policía.
La ausencia de la policía en las calles y la ola de saqueos e incendios que asolaron ayer instituciones públicas y privadas tanto en el centro de La Paz como en la ciudad dormitorio de El Alto, obligaron al Gobierno a sacar a las calles a los soldados. Sin embargo, el Ejército no parecía anoche haber logrado controlar la espiral de violencia, "generada fundamentalmente por el hampa y aprovechada por objetivos políticos bien definidos", según el ministro de Defensa, Freddy Teodovich. Los daños materiales causados por el incendio, la destrucción y el saqueo en muchas instituciones públicas, grandes casas comerciales, bancos y otras entidades financieras, el asalto a los almacenes aduaneros y a importantes industrias de bebidas gaseosas y alcohólicas son cuantiosos.
"Ineptos e incapaces"
La huelga de 24 horas convocada ayer por la Central Obrera Boliviana y el denominado Estado Mayor del Pueblo, que dirige el diputado y líder cocalero Evo Morales, ha coincidido con la suspensión de actividades bancarias, escolares, públicas y privadas dispuestas por el Gobierno, lo que ha paralizado totalmente el país. En La Paz, algunos grupos de manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos, lanzados por los militares, para impedir su acceso a la plaza de la ciudad donde se encuentra la Casa de Gobierno, resguardada con blindados y unidades militares. Una mujer murió en La Paz y cuatro hombres en El Alto. Además, seis personas resultaron heridas y más de 100 detenidas. La protesta en Cochabamba, que se prolongó con bloqueos de las vías principales de circulación, ratificó los nuevos objetivos del movimiento contestario de la región: la renuncia del presidente, Sanchez de Lozada, y del vicepresidente, Carlos D. Mesa, "por ineptos e incapaces", según el propio Morales.
El Estado Mayor del Pueblo,el mayor adversario político del presidente en el Parlamento, ha suspendido las negociaciones con el Gobierno sobre la exportación de gas, la participación de Bolivia a en el futuro Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la privatización parcial de varias empresas públicas. Los bloqueos en la principal carretera del país, entre Santa Cruz y La Paz, derivaron en enfrentamientos en Chapare, en los que murió un campesino.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de febrero de 2003