Bolivia retorna a la normalidad tras dos días de enfrentamientos y caos que dejaron un saldo de 28 muertos y al menos 130 heridos. El presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, optó por retirar el proyectado paquete de medidas económicas, incluidas en el Presupuesto General de la Nación, a fin de controlar el descontento social generado por la creación de un nuevo impuesto sobre los salarios. Con esta tasa se pretendía recortar el déficit fiscal en tres puntos y atender así las exigencias del FMI. El déficit subió al 8,3% del PIB debido a la reforma del sistema de las pensiones impuesta también por organismos internacionales, según los analistas económicos.
Mientras tanto, los líderes políticos se aprestan a buscar nuevas formas de diálogo, al que llamó con vehemencia el presidente. "No podemos aceptar que los problemas de Bolivia se solucionen con bloqueos y violencia; no puede ser que no encontremos caminos al diálogo para satisfacer las justas aspiraciones", dijo Sánchez de Lozada en un nuevo mensaje a la nación -el tercero en 24 horas-, al reiterar la urgencia de un entendimiento con la ciudadanía y los sectores políticos que la representan.
Los primeros signos de pacificación llegaron al caer la tarde de ayer, cuando efectivos de la policía (un cuerpo con 20.000 agentes) volvieron a las calles para imponer el orden y frenar los saqueos protagonizados en los dos días anteriores por jóvenes de entre ocho y 20 años en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, donde incendiaron y destruyeron objetivos como sedes de partidos políticos, edificios públicos, industrias y comercios.
Las marchas de protesta convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el denominado Estado Mayor del Pueblo se efectuaron de forma pacífica en todo el país. La COB ha decretado, además, una huelga general indefinida contra el Gobierno.
Sin embargo, la acción de francotiradores apostados en los edificios altos del centro de La Paz y el desmán de grupos de jóvenes, que intentaron romper el cerco militar alrededor de la plaza de Murillo para llegar a la Casa de Gobierno, causaron aparentemente la mayor parte de las bajas civiles. Los saqueos e incendios que se produjeron después fueron considerados por las autoridades bolivianas como acciones organizadas para desestabilizar el régimen democrático.
Todas las sospechas y acusaciones están dirigidas al primer adversario político del Gobierno: el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero Evo Morales, quien ha pedido reiteradamente la renuncia de Sánchez de Lozada ante su incapacidad para sacar al país de la crisis. Morales rechazó las acusaciones en torno a una supuesta conspiración y señaló que sus propuestas de estrategias políticas y leyes que contribuyan a superar el difícil momento que vive el país no han sido siquiera consideradas en el Parlamento.
La empresa privada, por su parte, considera urgente y necesario cambiar al equipo económico del Gobierno, que en los seis meses de gestión no ha puesto en marcha medida alguna para reactivar al endeudado aparato productivo o incentivar las exportaciones a mercados que han otorgado tratamiento especial al país.
Fin de la huelga policial
Alrededor de 10.000 efectivos de la policía, entre tropa y niveles medios, se amotinaron el martes y se negaron a salir a las calles mientras el Gobierno no anulara el nuevo impuesto a los salarios, que también les afectaba. Un primer acuerdo, logrado en la madrugada del jueves, fue rechazado por las guarniciones de Cochabamba y Santa Cruz. Los agentes sólo aceptaron salir de su encierro voluntario tras la firma de un anexo complementario que, según sus representantes, mejoró sustancialmente el contenido del acuerdo, que reconocía una indemnización para la familia de los caídos en la refriega con los militares y un bono de unos ocho dólares bimensuales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de febrero de 2003