El juicio contra el ex alcalde de Gaztelu y dos ediles de esta localidad, todos ellos de HB, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos se aplazó ayer por segunda vez en el Juzgado de lo Penal de San Sebastián. El pasado octubre la vista no arrancó por la ausencia de un perito. Ayer, la sesión se suspendió para que la Fiscalía redacte una nueva calificación, que obligará a que los hechos sean juzgados en la Audiencia de Guipúzcoa.
El ex alcalde de Gaztelu Juan José Otegi, el ex edil Antonio Zabala y el todavía concejal Joxe Gabirondo se enfrentaban a penas que sumaban 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación. El fiscal les acusa de segregar en 1995 unos terrenos municipales y permutarlos irregularmente para que una sociedad integrada, entre otros, por Zabala y el hermano del alcalde edificara en ellos viviendas protegidas. A cambio, dicha empresa debía construir una red de saneamiento.
El juicio quedó suspendido tras anunciar el fiscal su intención de cambiar la calificación de los hechos. Se acoge ahora a otro artículo del Código Penal referido también a la malversación, pero que conlleva penas más altas, que exceden de la competencia del Juzgado de lo Penal y corresponden a la Audiencia provincial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de febrero de 2003