El Gobierno integrará en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controlada por Hacienda, las empresas públicas Transformaciones Agrarias (Tragsa) y Mercasa, que pertenecen a Agricultura. El cambio, que se aprobará en un próximo Consejo de Ministros, según fuentes de la Administración, no supondrá la privatización de las mismas por ser indispensables. Se trata sólo de conseguir mayor control de su gestión y se produce en un momento crítico para Tragsa, que ha estado en primera línea por su actividad en la recogida de chapapote tras el desastre del Prestige.
Tragsa nació hace medio siglo para realizar fundamentalmente trabajos de infraestructuras agrarias relacionadas con la concentración parcelaria y política forestal. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un desarrollo espectacular, hasta facturar unos 500 millones de euros. El grupo está presente en Paraguay, Brasil y Portugal. Está presidido por Roque Manresa, que no cuenta con el apoyo de Agricultura ni de Economía. En España, junto Tragsa funcionan Tragsatec, dedicada a trabajos de tecnología y servicios, y Tragsega, para desarrollos ganaderos.
Las actuaciones del grupo en diferentes sectores han supuesto denuncias de empresas privadas por estimar que actuaba en competencia desleal. La más importante la hizo la Asociación de Empresas Forestales y supuso la crítica de Bruselas a los procedimientos de subcontratación de Tragsa. Estas denuncias hicieron que hace un año, el entonces subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, encargase una auditoría a la Intervención General del Estado.
Hoy Tragsa es propiedad al 80% de Agricultura y en un 20% de Patrimonio. La SEPI controlará el 51%; Patrimonio, el 10%, y Fega, el 38%. Mercasa es propiedad de Agricultura y Patrimonio y controla los mercas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de febrero de 2003