El viceministro de Gobernación de Nicaragua, Alfonso Sandino, anunció el pasado lunes que iniciará una investigación para determinar qué organizaciones no gubernamentales se involucraron el pasado día 20 en el aborto terapéutico practicado en una clínica privada a Rosa, la niña de nueve años violada cuatro meses antes en Costa Rica. Sandino, que no descarta posibles sanciones, señaló que su ministerio "está en la obligación de tomar las medidas que crea conveniente" con las organizaciones cuyas actividades y funciones no respondieron a las recogidas en sus estatutos.
Sandino añadió que las investigaciones se realizarán a través del Registro de Asociaciones, con el fin de conocer las atribuciones de las ONG involucradas, y señaló que será la Fiscalía la que proceda a determinar las actuaciones penales. La policía, que desconoce el paradero de la niña y de sus padres así como el lugar donde se practicó el aborto, está a la espera de recibir órdenes de la Fiscalía.
El cardenal nicaragüense Enrique Obando, que promovió la excomunión de los padres de Rosa, los médicos, los abogados y todas las personas que colaboraron con el aborto, animó al Gobierno a actuar al subrayar el lunes que si el ministro de Gobernación "quiere saber quiénes fueron los que practicaron la operación y en qué clínica" puede hacerlo en un momento "porque la policía de Nicaragua es eficientísima".
Bajo el lema "yo también quiero ser excomulgada/o", la Red de Mujeres contra la Violencia inició ayer una campaña invitando a los que apoyaron el aborto a pedir su excomunión. La iniciativa pretende enviar a la Iglesia nicaragüense y al Vaticano la lista de las personas que participaron en hacer posible la interrupción del embarazo de Rosa, para que sea incluida en el expediente de excomunión.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua presentó ayer una denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) por "acoso" del Estado contra los padres de la niña. El abogado de éstos, Sergio García Quintero, no descartó una contraacusación en el caso de que sus clientes sean procesados. La acusación, contra autoridades que García Quintero no precisó, sería por exposición de personas al peligro, basándose en el riesgo que corrió la vida de Rosa por las trabas institucionales y por el rechazo de admisión que sufrió la menor por parte de varios hospitales públicos, influidos por la campaña católica antiabortista de Obando, que siguieron las ministras de Salud y de la Familia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de febrero de 2003