CCOO lanzó ayer la propuesta de que los trabajadores inmigrantes que contribuyan a destapar los casos de explotación laboral obtengan la documentación necesaria para permanecer en España, un beneficio que se concede a los extranjeros que colaboran en la desarticulación de redes mafiosas o de prostitución. Cuando la Inspección de Trabajo detecta la contratación de un inmigrante irregular, la empresa es sancionada con una multa, pero el trabajador es expulsado. "No es justo que se castigue a la víctima porque ello supone un doble perjuicio; primero por la explotación y luego por la expulsión", argumentó el responsable confederal de migraciones, José María Díaz.
El sindicato estima que en Andalucía hay más de 150.000 inmigrantes regularizados y unos 50.000 en situación irregular. Éstos se concentran, si son hombres, en la agricultura y la construcción, y en el caso de las mujeres, en el servicio doméstico.
Díaz sostuvo que los inmigrantes indocumentados sufren una doble precariedad porque carecen de papeles y de contrato de trabajo, por lo que sufren "prácticas abusivas, con salarios por debajo de convenio y jornadas que exceden lo estipulado". CCOO ha puesto en marcha una campaña para combatir estas irregularidades y exigir la documentación para aquellos que colaboren con la Inspección de Trabajo en la detección de situaciones de explotación laboral.
El sindicato también está en contra de la reforma que pretende introducir el Gobierno en el Código Civil y que permitiría la expulsión de inmigrantes incursos en procesos penales de delitos y faltas. Según Díaz, esa cambio supondrá la vulneración de la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de febrero de 2003