El delegado del Gobierno central en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, rubricó la noche del miércoles en Sevilla un documento con los secretarios regionales de UGT, Manuel Pastrana, y CCOO, Julio Ruiz, por el que la Administración central se compromete a trabajar ya para aplicar las medidas de ayuda a los mineros de la provincia de Huelva. El acta recoge textualmente que "la Administración central, a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, comenzará a trabajar de inmediato sobre las certificaciones individuales de las prejubilaciones de los mineros".
Ese documento no cuantifica qué número de los 1.300 trabajadores afectados por la crisis de la minería en Huelva pasarán a situación de prejubilados y cuántos deberán ser recolocados. Los sindicatos exigen que se apliquen coeficientes similares a los que se usaron para la crisis de Boliden Apirsa en Aznalcóllar, que dejaron la edad de prejubilación en 50 años, un límite que, en el caso de la cuenca onubense, permitiría acogerse a esta medida a 835 mineros.
Los sindicalistas recogieron ayer con satisfacción, pero con recelos, este acuerdo. UGT decidió que los 30 trabajadores que desde el pasado día 3 mantienen un encierro en la catedral prosigan con esa medida de presión hasta que el Ejecutivo materialice su oferta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de febrero de 2003