La regulación de la televisión local elaborada por el Gobierno central invade el ámbito de competencias de la Generalitat a juicio del Parlament, que ayer acordó presentar el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional.
El acuerdo fue tomado con el único voto en contra del grupo parlamentario del PP. El recurso se basa en el dictamen sobre la ley realizado por el Consejo Consultivo de la Generalitat a petición de los grupos del PSC-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).
El Gobierno incluyó la nueva regulación de la televisión local, que reformaba una ley de 1995, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2003. El dictamen del Consejo Consultivo considera que el apartado del artículo 109 de la citada Ley de Acompañamiento, que establece que los ámbitos de cobertura deben ser fijados por el plan técnico nacional de televisión local, invade la competencia de la Generalitat atribuida por el artículo 16 del Estatuto de Autonomía. También considera que es inconstitucional la atribución a la Administración central de la facultad de autorizar y controlar la formación de cadenas y la emisión en cadena.
El acuerdo del Parlament incluye también en esta ocasión, por segunda vez en dos semanas, una petición de recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, para que se inhiba en la resolución de este recurso a causa de que afecta a una comunidad autónoma de las consideradas históricas cuya existencia cuestionó semanas atrás en unas controvertidas declaraciones públicas.
Los diputados Josep Maria Carbonell (PSC-Ciutadans pel Canvi), Josep Bargalló (ERC), Dolors Comas (ICV) y Pere Lladó (CiU) criticaron la invasión de competencias de la Generalitat, la potenciación de las televisiones privadas y la precipitación en el paso de la tecnología analógica. Comas denunció que, entre otras cosas, esta ley pretende impedir que los grupos PRISA y Correo intervengan en el sector de las televisiones locales.
Pacto antiterrorista
El grupo parlamentario del PP fracasó ayer en el intento de conseguir que el Parlament apoyara el aumento de las penas máximas a los condenados por terrorismo.
La propuesta presentada con esta finalidad por el diputado del PP Daniel Sirera sólo obtuvo el apoyo de su grupo parlamentario. Esto dio pie a que Sirera acusara a los socialistas catalanes de "romper" el pacto antiterrorista firmado por el PP y el PSOE, uno de cuyos apartados se refiere efectivamente a este aumento de las penas. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, aseguró que no hay tal ruptura y sostuvo que su grupo parlamentario votó contra la propuesta de Sirera porque se refiere a unas medidas que todavía no han sido sometidas al Congreso de los Diputados. En su momento, dijo, el PSC votará lo mismo que el PSOE.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de febrero de 2003