Recientemente, los pensionistas españoles han recibido una "amigable" carta de Telefónica exigiéndoles, disfrazada de una pe-
culiar forma de ruego, una serie de documentos que acrediten su actual situación familiar y cuantía de sus pensiones. Esta misiva va dirigida especialmente a los pensionistas que perciben una pensión superior al salario mínimo interprofesional, fijado actualmente en 451,20 euros. Muchos de ellos, cientos de miles, dejarán de beneficiarse del "abono social" que han venido disfrutando durante tantos años, en muchos casos por sólo unos euros de diferencia, pues tengamos en cuenta que son 5,5 millones de pensionistas los que no superan los 600 euros de pensión al mes. Esto demuestra, una vez más, el esfuerzo que realiza el Gobierno del PP por los sectores de la población más desfavorecidos. No olvidemos el reciente decretazo encaminado a la supresión del subsidio agrario de los jornaleros del campo.
En este caso, Telefónica, como premio de sus privatizadores, ingresará cientos de millones de euros cada año, en perjuicio de los ciudadanos que como usuarios, con su trabajo y sacrificios, contribuyeron y seguimos contribuyendo a la rentabilidad de la que fue la gran estrella de las empresas públicas en nuestro país.
Mientras tanto, esperemos que todas las iniciativas de los populares sigan encaminadas a la mejora de la formación humana y del respeto por todos los ciudadanos por muy humildes que seamos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de febrero de 2003