En el frente interior, la Administración de Bush y el Partido Republicano están librando diversas batallas. Algunas están conectadas con las amenazas a la seguridad (inspección y fichado masivo de todos los inmigrantes de origen árabe o de países de religión musulmana), otras son fruto de contenciosos históricos entre izquierda y derecha en este país. Estos contenciosos resucitan ahora con vehemencia dada la más bien excepcional situación de que disfrutan los republicanos, ya que no es frecuente que dominen la presidencia del país y tengan la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. El ruido de la cuenta atrás para la intervención militar no deja oír muchas veces los quejidos procedentes de otros muchos campos en los que los derechos y libertades conseguidos tiempo atrás parecen entrar en cuarentena.
Uno de los temas tradicionalmente polémicos en Estados Unidos y que estos días vuelve a estar en primera línea es la batalla sobre el derecho a escoger el seguir o no un embarazo, y por tanto el derecho al aborto. Hace unas semanas, concretamente el 22 de enero, se cumplieron 30 años de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos conocida con el nombre Roe versus Wade. En esa sentencia, el tribunal decidió por siete votos a dos, otorgar el derecho al aborto a una mujer que afirmaba estar embarazada por haber sufrido una violación, negándosele esa posibilidad por parte del estado de Texas. Las razones esgrimidas por el Alto Tribunal se sustentaban jurídicamente en el derecho a la privacidad en los asuntos estrictamente personales, entendiendo que no debían ser objeto de interferencia gubernamental asuntos como el que una mujer quisiera o no seguir con su embarazo. A pesar de ello, el Tribunal entendió que ese derecho no era absoluto, y que por tanto los poderes públicos podían limitar ese derecho si se daban ciertas condiciones (por ejemplo, cuando el feto pudiera tener viabilidad fuera del útero materno).
En 1973, al producirse la sentencia, el derecho de la mujer a elegir seguir o no con su embarazo no era posible ejercerlo en dos terceras partes de los estados de la Unión. En muchos de los demás estados, ese derecho estaba sometido a notables cautelas. A pesar de ello, las estadísticas afirmaban que más de un millón de mujeres practicaban el aborto ilegal, con graves riesgos para su salud al realizarlo en condiciones penosas e insalubres. Lo cierto es que durante estos 30 años el derecho a elegir de la mujer se ha podido ir ejerciendo con cierta libertad en Estados Unidos, a pesar de que muchos estados han ido restringiendo ese derecho con diversas fórmulas y a pesar de que la cláusula de conciencia por parte de los profesionales sanitarios ha restringido, en otros casos, la disponibilidad de ese servicio.
Las organizaciones que defienden el derecho de la mujer a escoger (www.naral.org), se han mostrado muy preocupadas en este 30 aniversario de la sentencia Roe versus Made, por la potentísima campaña que desde hace tiempo vienen desarrollando las organizaciones que se agrupan bajo el calificativo de provida (www.prolifeaction.org). En estos últimos años, se ha ido produciendo un cierto deslizamiento en algunos estados y en algunas decisiones judiciales hacia posiciones más restrictivas del derecho a escoger por parte de la mujer. En 1992, el Tribunal Supremo dictaminó que los estados podían legislar sobre aspectos concretos con relación al derecho al aborto. Por ejemplo, autorizando que el personal sanitario mostrase a las mujeres que deseaban abortar fotos de los varios estadios de formación del feto, que se estableciese un periodo de reflexión después de esas sesiones de información y la necesidaad de una autorización de los padres para los casos de menores de edad. Desde entonces, se han ido produciendo una cascada de medidas antielección en la gran mayoría de los estados. Se afirma que desde 1995 ha habido 335 reglamentaciones en ese sentido y, por otra parte, el Instituto Alan Guttmacher afirma que en el 87% de los condados no hay oferta al respecto. Por lo que parece, la mayoría de los estados de la costa este, con la excepción de Florida, y la mayoría de los estados de la costa oeste parecen sólidamente comprometidos con el derecho a escoger. No ocurre así en los estados del medio-oeste o en los estados del sur, sobre todo Tejas, Missisipi y Luisiana. En estos estados, la legislación ha prohibido de hecho el aborto, con penas de prisión para las que conculquen esa prohibición, si no está en peligro la vida de la madre o el embarazo es fruto de una violación, e incluso en esos casos las mujeres lo tienen difícil, ya que según informa Naral, en el 95% de los condados de esos estados no hay servicio alguno que pueda practicar el aborto.
El presidente Bush no ha ocultado sus sentimientos al respecto. Se refiere siempre a la cultura de la vida, y tanto él como su equipo hablan de la necesidad de acabar con los "partial-birth infanticide". Y antepone la necesidad de la abstinencia sexual antes del matrimonio a la educación sexual en las escuelas, siguiendo así las consignas de buena parte de las organizaciones provida que, a pesar del notable número de embarazos entre adolescentes en el país, predican la abstinencia sexual y abominan de la difusión de preservativos o del aprendizaje de métodos anticonceptivos. Lo cierto es que, en el tema del aborto, hay más de 200 proyectos de ley en proceso de debate en 38 estados que pretenden limitar drásticamente ese derecho, introduciendo sobre todo la necesidad del permiso paterno (Washington Post, 1-2-2003). Como afirmaba en un amplio reportaje el New York Times el pasado 26 de enero, Bush parece querer ir más allá en su radicalismo de derechas de lo que fue Ronald Reagan, tanto en temas internacionales como internos. Pero lo cierto es que, en este tema concreto, ha actuado públicamente con cierta prudencia. Probablemente es consciente de que, a pesar de la gran movilización de las organizaciones provida, las encuestas muestran (Mellman Group, enero 2002) que el 65% de los norteamericanos creen que el Gobierno no tiene por qué inmiscuirse en el derecho de la mujer a elegir seguir o no con el embarazo, y el 62% cree que ese derecho ha de seguir siendo establecido por el Tribunal Supremo y no dejado al libre arbitrio de los estados. Quizá por ello, toda la presión se está produciendo en el nombramiento de jueces en significativos escalones de la carrera judicial que lleva al Tribunal Supremo, y quizás por eso la mayoría republicana está consiguiendo que se ratifiquen en el Senado nombramientos de magistrados de conocida trayectoria "antielección". Una buena muestra de las varias batallas internas en curso en un país sometido a la cuenta atrás de la guerra.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de marzo de 2003