En 1946, cuando Marc Forné nació, Andorra tenía 5.000 habitantes. Prácticamente todos ellos andorranos. Hoy, en este país anclado en medio de los Pirineos, viven 70.000 personas, sólo 20.000 de las cuales disfrutan de la nacionalidad. En 1960, en la Administración pública estatal trabajaban 10 funcionarios, ahora son 1.500. Las cifras resumen el vertiginoso cambio que ha experimentado Andorra. Un proceso que se ha visto acelerado en la última década cuando el país -un régimen feudal cogobernado por el obispo de La Seu d'Urgell y el presidente de la República Francesa- respaldó mayoritariamente en referéndum una constitución. De aquella histórica fecha, que convirtió a Andorra en un Estado plenamente democrático, se cumple el décimo aniversario el próximo 14 de marzo.
"No vamos a levantar el secreto bancario. Antes otros países deben limpiar su casa"
"Aunque algún día entremos en la Unión Europea no podremos ser territorio Schengen"
En estos 10 años -ocho bajo el mandato del liberal Marc Forné- el Gobierno andorrano se ha esforzado en asimilarse legislativamente al resto de los países occidentales. Aunque el país continúa padeciendo ciertos déficit democráticos (por ejemplo, no ha regulado el derecho a la huelga), Forné quiere conducir a Andorra hacia su plena europeización y a buen ritmo. Una meta -la entrada en las instituciones comunitarias- que no llegará hasta dentro de 10 o 15 años, según reconoce el jefe de Gobierno. Pero Andorra va haciendo sus deberes: en las próximas semanas el Parlamento, por ejemplo, ratificará la Carta Social Europea.
En este camino negociador con la UE, Forné reclama un status que reconozca las especificidades de los cuatro microestados europeos: Andorra, Mónaco, San Marino y Liechtenstein. Todos ellos presentarán un documento de principios a Valéry Giscard d'Estaing, presidente de la Convención, para que la futura Constitución europea tutele sus derechos históricos y su singularidad. "Andorra es un país mucho más viejo que otros europeos, alguna de cuyas fronteras se han modificado hace una década, pues existe desde el año 839".
Europa, en cambio, ve con profundo recelo estas singularidades andorranas a las que se refiere Forné, sobre todo las que demandan limitar la libre circulación de personas, capitales y mercancías, uno de los pilares de la UE. "No podemos ser un territorio Schengen. Nuestra ley marca cuotas para la inmigración, incluso para españoles o franceses. La Unión Europea tendría que respetarnos este derecho, porque si no es imposible. Somos un Estado de fronteras", remarca.
El control de los flujos de la población debe, a juicio de Marc Forné, seguir en manos de las autoridades andorranas. Un drástico cambio pondría en peligro no sólo la propia supervivencia del país, sino que repercutiría gravemente en el mantenimiento de los actuales niveles del Estado de bienestar. En este sentido, el jefe de Gobierno se muestra orgulloso del sistema de pensiones: "La rentabilidad histórica de los fondos de vejez es del 14%, lo que demuestra su buena gestión. La pirámide de vida en Andorra es muy joven. Son muchos más los que cotizan que los que cobran, lo cual permite una multiplicación paulatina de los fondos. Pero esta situación apunta a su fin y habrá que estar vigilantes", advierte. La pensión media en Andorra roza los 812 euros mensuales.
Más tajante se muestra Forné en el debate financiero y fiscal. El Ejecutivo que preside se expresa dispuesto a ceder ante la UE y gravar fiscalmente el ahorro de forma gradual, pero "en unas condiciones favorables", apostilla. Empezar con el 15% e incrementarlo con los años hasta el 25%, en una fórmula semejante a la pactada por Austria, Bélgica o Luxemburgo. A cambio, el jefe de Gobierno reclama contrapartidas: "No podemos aceptar estas condiciones y además que se nos continúe considerando un paraíso fiscal, porque no lo somos. Quizá tenemos esta consideración por una docena de deportistas que están en Andorra. Y esto es ridículo". "¿Qué importancia tiene", se pregunta Forné, "que una persona que gana mucho dinero en 10 años, lo que dura su vida deportiva, y no quiere pagar impuestos esté domiciliada en Andorra? Si no está en Andorra, estará en Panamá", manifiesta convencido.
Y añade, en lo que suena a una respuesta memorizada a base de repetirla: "Con nuestra ley de inmigración, cualquier persona tiene que vivir en Andorra 184 días. Pero un deportista no vive más de tres días seguidos en un mismo lugar. Mire, esto no es un problema para nosotros, pero tampoco es una condición para que se nos siga definiendo como un paraíso fiscal".
Forné lucha para que la OCDE les quite esta etiqueta injustamente impuesta, a su juicio, porque afirma que existen peores patios traseros. Y asegura categóricamente que Andorra no va a levantar el secreto bancario. "No me haga decir quién tiene que limpiar su casa. Pero mire, en Gran Bretaña existen unos fondos totalmente opacos. En Andorra, si usted va a ingresar dinero le preguntan quién es, de dónde lo ha sacado, cómo lo ha ganado y cómo ha llegado a Andorra. Y si el director de la sucursal no lo tiene claro, lo rechazará porque se la juega, aunque usted llegue con la maleta llena y a rebosar de billetes".
En 1993, el Gobierno elaboró un plan estratégico que se concretó, un año más tarde, en un plan de acción que persigue especializar a Andorra en el sector servicios. Y Forné es consciente de que Andorra no puede, por sí sola, emprender esta tarea. En unas semanas el Parlamento aprobará la nueva ley de sociedades que abre la puerta a la entrada de capital extranjero, ahora limitada a un porcentaje accionarial del 33% y que se elevará al 40% -"límite que permite consolidar en Bolsa las acciones de cualquier grupo", puntualiza- e incluso al 100% en algunos sectores.
A pesar de la liberalización, el Gobierno de Forné va a mantener una actitud proteccionista en sectores como el comercial, el hotelero o deportivo de invierno. "No hace falta apertura en estos sectores, porque hay una saturación y la gente del país ya lo hace bien", subraya.
"No somos un país catalán"
A Marc Forné le molesta que repetidamente le formulen la misma pregunta: ¿Llegaréis a estar en la Unión Europea para que se pueda hablar catalán? "Pues bueno", responde, "nuestro objetivo no es estar en la UE para que se pueda hablar catalán, sino para formar parte de ella".En Andorra, asegura, la gente tiene distinta percepción que en Cataluña "es lógica y la comprendo", añade, "pero la asimilación de Andorra como un país catalán es un error. Andorra es un país de lengua catalana, pero no es un país catalán. Es un país andorrano. Andorra es mucho más antigua que la existencia de la palabra Cataluña".A pesar de ser un país de lengua catalana, la Generalitat no se acordó de ellos cuando fundó el Instituto Ramon Llull. Los estatutos no preveían la entrada de un Estado en este organismo, sino tan sólo de autonomías españolas.Las relaciones con el Gobierno catalán siempre han fluctuado. El último encontronazo ha sido la marginación de la Generalitat en las negociaciones para la apertura del aeropuerto Pirineus-Andorra, una denominación que incluso incomoda al presidente catalán, Jordi Pujol.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de marzo de 2003