El absurdo de la falta de armonización en la lucha contra el dopaje, según Juan Antonio Gómez Angulo, secretario de Estado para el Deporte, se pudo ver en el pasado Giro, cuando los ciclistas usaban el euro en todos los países por los que discurrió la carrera italiana, pero tuvieron que someterse a seis legislaciones diferentes. O, más absurdo aún, en el caso del corredor Frank Vandenbroucke, suspendido por el Gobierno flamenco de su país, Bélgica, pero que pudo disputar una prueba en la otra parte, la valona, y cuando se iba por una carretera fronteriza pedaleaba por la izquierda, el lado valón. Contra estos absurdos más de 1.000 personas, en representación de Gobiernos, Federaciones y Comités Olímpicos, se reúnen de hoy al miércoles, en Copenhague para aprobar un Código Mundial y un documento de reconocimiento que debería dar poderes universales a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) como máxima autoridad.
"La Agencia Mundial debe ampararse en un organismo internacional, como Naciones Unidas"
Pregunta. Los Gobiernos europeos discuten por una palabra. La mitad cree que en la Declaración de Copenhague tiene que poner que "apoyan" a la Agencia Mundial y la otra mitad que la "reconoce".
Respuesta. Con esa duda se está poniendo en cuestión su falta de naturaleza jurídica como organismo público. Hemos empezado la casa por el tejado cuando muchos problemas se inician en la base, en la falta de políticas preventivas y de educación y en los posibles estímulos de los más jóvenes para llegar a lo más alto. La AMA comienza como una separación del Comité Olímpico Internacional (COI), como una agencia de derecho privado basado en el suizo. A su frente se pone a uno de los posibles candidatos a la sucesión de Juan Antonio Samaranch como presidente del COI, el canadiense Dick Pound, que tiene la habilidad de llevar la AMA a su terreno. Los países europeos no logramos que la sede se quedara en Europa, que financia el 47,5% de su presupuesto.
P. ¿Un punto tan importante?
R. No es baladí porque de ahí se derivan los problemas de la AMA. Como el funcionamiento interno, quiénes son los funcionarios que realmente la manejan... Los países de Europa latina y Centroeuropa estamos desplazados de la toma de decisiones cuando somos los que más pagamos.
P. ¿Tiene arreglo esto?
R. Hay dos temas muy importantes. La falta de naturaleza jurídica, el no ser de derecho público, implica un grave problema a los Gobiernos a la hora de la financiación, que España logró que se encauzara por el Consejo de Europa. Pero luego hubo un consenso en que la AMA tenía que buscar el amparo de un organismo internacional, que bien podría ser Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, con reconocimiento de derecho público y cuyas decisiones pudieran obligar. La AMA tiene que mostrar gran voluntad para transformarse en un organismo de derecho público.
P. Entonces, si un Estado no quiere adaptar su normativa al Código de la AMA, ¿no hay posibilidad de castigo?
R. No. Y eso es un problema. Pero, al menos, en Europa, ha habido una buena respuesta, basada en la buena voluntad de los Gobiernos. Todo pasa por una mayor implicación del COI.
P. ¿Pero no es el COI el impulsor de la AMA?
R. La AMA nace de su seno y por eso el COI no se puede desentender de su funcionamiento, ya que eso crearía un organismo de poder fortísimo que podría condicionar muchas actuaciones.
P. Parece que el COI quiere darle ese valor voluntariamente e impondrá a las Federaciones el acatamiento del Código so pena de exclusión de los Juegos.
R. De todas formas, con buen sentido, la AMA va a dar unos plazos razonables y el diálogo con las Federaciones va a ser inevitable. Van a tener algo que decir en asuntos como el de la libre circulación de los inspectores por los países. No tanto para los controles sorpresa como para el asunto de con qué carta de naturaleza acuden a hacer el control. Es un tema importante que se condicionará a la Declaración de Copenhague.
P. ¿Aceptaría el Gobierno español sustituir automáticamente su normativa por el nuevo Código?
R. España va a actuar de la mano de los países de la Unión Europea (UE) y, sobre todo, de los de nuestra área. Aceptaríamos cualquier decisión mayoritaria. Pero, como dijo el ministro alemán, en tanto la AMA no sea un organismo público mantendremos la enmienda de que el Congreso Mundial de Copenhague no sea una carta de naturaleza, un cheque en blanco, para ella.
P. Así, ¿de Dinamarca no saldrá nada sustancial?
R. Otra cosa es el Código. Nosotros reconocemos que es un paso adelante. Si logramos aprobarlo, habremos traído algo sustancial. Y si además existe, aunque matizado, un compromiso de los Gobiernos de aceptarlo sería un paso cualitativamente importante. Pero todo debe venir apoyado por una puesta de largo de la AMA con todos sus atributos, transformada en una agencia de derecho público, reconocida por un organismo internacional universal, con unos presupuestos públicos, con una transparencia en la gestión, con un conocimiento de sus funcionarios... E, insisto, Europa no está representada en sus órganos de gestión proporcionalmente a su aportación. Sólo cuenta con un representante más que América. Estamos de acuerdo con el Código, pero introduciendo matices.
P. ¿Cuáles?
R. Hemos visto algunas sanciones extremadamente duras. El mínimo de dos años, por ejemplo, cuando el siguiente escalón es de por vida. Máxime, cuando hay que reconocer al deportista un derecho a la defensa.
P. En España pocas sanciones ha habido de dos años.
R. Pocas.
P. Un país comprensivo...
R. España es de los países que no ha penalizado conductas, pero como otros muchos. El deportista, una vez cumplida la sanción, tiene el derecho a la reinserción.
P. ¿No se ha planteado el Gobierno del PP introducir el dopaje en el Código Penal, a imagen de Francia o Italia?
R. No. Y no hay que olvidar que desde 1999 existe la AMA y que el actual Consejo Superior de Deportes (CSD) ha dado muestras de ir de la mano del consenso internacional. De nada valdría una tipificación española cuando, con el plazo que hay hasta 2006, tenemos un territorio mucho más neutro para ir adaptando las medidas del Código.
P. ¿Cree que Francia e Italia deberían despenalizar el dopaje para igualarse a los demás países?
R. Si los Gobiernos adoptan el Código, no se hará preciso establecer legislaciones nacionales. Eso se llama homologación o armonización, pero no va a ocurrir de hoy a mañana.
P. Varios españoles, ciclistas, médicos, directores..., pueden ser condenados en Italia de uno a tres años por posesión de productos dopantes cuando los organismos no han visto motivo de sanción.
R. Todo eso nos conduce a que hay que ir a la armonización. Y, por cierto, en el Código se contempla de modo muy severo no sólo el consumo, sino la tenencia. Pero todo eso se reconduciría de aquí a 2006, para los Juegos de Turín. Desde luego, el Gobierno español está dispuesto, una vez que se armonicen las posturas de las Federaciones, a aceptar el Código. Pero antes habrá muchos problemas.
P. Muchas Federaciones creen que su redacción actual no trata a todos por igual. Citan la bula de las Ligas estadounidenses.
R. Ése es el gran problema. El papel del COI se hace imprescindible. La primera gran prueba de que se está sensibilizando a la opinión pública de la existencia de distintos baremos se va a poner en los Juegos de Atenas 2004. El nuevo presidente del COI, el belga Jacques Rogge, se enfrenta al gran reto del dopaje. Si Samaranch tuvo que afrontar el del amateurismo y el profesionalismo, su gran batalla es resolver el del dopaje. Y tendrá que valerse de la AMA. Por eso no debe romperse el cordón umbilical entre ella y el COI. Rogge va a pasar en Atenas una prueba durísima.
P. Tampoco las autoridades de Estados Unidos parecen colaborar mucho con la AMA.
R. En las últimas reuniones su presencia... ni ha existido. Además, ha habido un problema con su aportación, que ni siquiera sé si se ha producido ya. Y Pound pasó de puntillas por estos temas. De todas formas, la gran apuesta de Rogge es que todos los atletas de los Juegos tienen que hacer el mismo juramento y someterse a las mismas reglas.
P. El asunto más negativo con el que se ha topado en su mandato al frente del CSD ha sido el del dopaje del esquiador español de origen alemán Johan Muehlegg.
R. Fue un mazazo. Pero, como me enseñó Samaranch, de las situaciones de crisis hay que salir fortalecido.
P. Aún debe cumplir diez meses de sanción. ¿Seguirá después en el equipo español?
R. El CSD siempre ha dado la cara por Muehlegg. Incluso más allá de nuestras competencias. Y siempre he dicho que cualquiera tiene derecho a la reinserción.
P. El futbolista Gurpegui dio positivo en septiembre, no lo supo hasta diciembre y en marzo su caso aún está en los comités...
R. Comienza con un retraso en la realización de los análisis, pero que en nada afecta al proceso, formalmente impecable.
P. ¿Era injusto que siguiera jugando tras comunicársele el tema?
R. Sí; por lo tanto, coincido con la sanción cautelar. Si el Comité de Competición anterior no hubiera dimitido por las discrepancias sobre el instructor, estoy convencido de que también la tenía prevista. Ya se habían cumplido los plazos de defensa.
P. Pero tratándose de una sustancia tan dudosa como la nandrolona...
R. No valen las opiniones políticas. Hay que irse a las de los científicos y los técnicos. Los análisis no admiten dudas, aunque la defensa puede hacer valer otros elementos: si su propio cuerpo lo produce, es el jugador quien tiene que presentar la prueba y someterse a los análisis oportunos .
P. Un último caso de actualidad, el de Gervasio Deferr. El campeón mundial de gimnasia dio positivo por cánnabis, una sustancia que no mejora el rendimiento. ¿Debe seguir estando prohibida?
R. Es otro asunto científico.
P. Muchas veces los científicos actúan según directrices políticas.
R. No. Son los que deben demostrar que esa sustancia debe desaparecer de la lista.
P. ¿Hay que sancionar a Deferr?
R. Su Federación le ha sancionado . Con esta sustancia hay ya más Federaciones tolerantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de marzo de 2003