Siete de las 19 formaciones políticas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas durante el ejercicio de 2000, año en que se celebraron elecciones generales en España, presentaron alegaciones para intentar suavizar las conclusiones de los auditores públicos. Lo que sigue es un resumen de algunas de las aclaraciones remitidas por el PSOE y el PP al Tribunal de Cuentas respecto a la situación de su contabilidad.
- PSOE. El PSOE insiste al Tribunal de Cuentas en el capítulo destinado a sus cuentas con los bancos, al dinero que pidió prestado y que no devolvió en el plazo previsto. "La posibilidad de negociar una deuda, ya sea bancaria o de acreedores, no está limitada, ni prohibida en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, por lo tanto cualquier comentario o interpretación será un juicio de valor que no debe ir acompañado en el informe de fiscalización de una institución como ésta. La falta de reglamentación en alguna práctica mercantil diaria en la vida económica de cualquier empresa de este país, es poder reconocer y negociar una deuda, no puede llevar en ningún momento a exponer la duda de sí es legal o ilegal, simplemente no está regulado, por lo tanto no es ni una cosa ni otra. Como estamos sufriendo constantes malas interpretaciones a este asunto, rogamos a este Tribunal de Cuentas omitan del informe final cualquier afirmación que dé lugar a malas e intencionadas interpretaciones".
- PP. El Partido Popular responde a las críticas del Tribunal de Cuentas sobre la falta en sus cuentas de la contabilidad de las agrupaciones locales del partido y de los grupos políticos de las corporaciones locales. "Entendemos que no es preceptiva la integración y consolidación en la contabilidad del PP de las subvenciones que con cargo a los presupuestos de entidades locales y provinciales reciben sus cargos electos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de marzo de 2003