La protección inmediata e integral a las mujeres maltratadas está más cerca. El ministro de Justicia, José María Michavila, y los diputados de la subcomisión contra la violencia hacia la mujer acordaron ayer crear un grupo de trabajo para poner en marcha la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica el próximo 28 de abril, fecha en la que comenzarán los juicios rápidos. También se integrarán en el grupo representantes del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía del Estado.
Los jueces serán los encargados de dictar esa nueva figura que, según Michavila, funcionará como "una ventanilla única". Gracias a ella, podrán ordenar de forma inmediata medidas penales cautelares (prisión provisional para el agresor, alejamiento, prohibición de residencia y de comunicación, inhabilitación para ejercer la patria potestad y prohibición de portar armas) y medidas civiles provisionales (suspensión del régimen de visitas y retirada de la custodia de los hijos al agresor, atribución urgente del domicilio familiar y prestación alimentaria para la víctima). Según el Ministerio de Justicia, esto supondrá que la persona agredida pueda permanecer en su domicilio y ejercer en exclusiva la custodia de los hijos.
Las medidas penales estarán en vigor hasta que se celebre el juicio rápido. Las civiles quedarán supeditadas a su confirmación por el juez civil. Las maltratadas por su pareja podrán solicitar la orden de protección a través de un formulario único en la comisaría, el juzgado de guardia, las oficinas de atención a las víctimas o los servicios sociales. También podrá pedirla la fiscalía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de marzo de 2003