La Diputación de Valencia, gobernada por el PP, privatizó en 1998 el 49% de sus empresas Girsa y Egevasa, de gestión de residuos y aguas, con un sistema "contrario a derecho". El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado, tras el recurso presentado por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), los acuerdos de la corporación que aprobaron la convocatoria del concurso y el pliego de condiciones para la venta parcial de las sociedades públicas. El tribunal subraya que la venta debió hacerse por subasta, que garantiza la obtención del mejor precio, y no por concurso.
El proceso de venta en 1998 del 49% de Girsa (Gestión Integral de Residuos, SA) y de Egevasa (Empresa General Valenciana del Agua, SA) acabó en los tribunales. Los partidos de la oposición, PSPV y EU, llevaban meses denunciando que el concurso diseñado por el equipo de gobierno de la corporación provincial era "ilegal" y que la legislación obligaba en este tipo de operacion a que la venta del patrimonio público se realizara por subasta. La oposición recurrió el proceso. En el Grupo Socialista en la Diputación fue su portavoz, Josep Bresó, el autor de la denuncia.
Cuatro años después, el TSJ le ha dado la razón. La Sala de lo Contencioso Administrativo anula el pliego de condiciones y la convocatoria del concurso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de marzo de 2003