El robo de cerca de 100 millones de dólares en depósitos a plazo de un organismo estatal sacudió los mercados de Chile, golpeó al Gobierno, que ayer celebraba su tercer aniversario, y logró desplazar de las primeras páginas de la prensa el tema de Irak. Un funcionario del organismo Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), fue detenido, al igual que dos ejecutivos del grupo económico Inverlink, que recibió ilegalmente los depósitos y los vendió a terceros. El director de Corfo, Gonzalo Rivas, yerno del presidente Ricardo Lagos, dimitió por su responsabilidad política.
Un empleado de Corfo, Javier Moya, sacó de la caja fuerte 100 millones de dólares en depósitos y los entregó a Inverlink sin estar autorizado. Un juez ordenó no pagar e incautarse de los depósitos, cuyos vencimientos comienzan hoy, mientras banqueros e inversores discuten con las autoridades sobre quién deberá asumir las pérdidas. Algunos documentos fueron comprados a Inverlink por terceros, entre ellos municipios, fondos mutuos, administradoras de fondos de pensiones y corredores de Bolsa.
El nuevo escándalo sacudió al Gobierno, que se ha enfrentado en los últimos meses a acusaciones de corrupción contra varios parlamentarios oficialistas y ex funcionarios, aunque este caso es distinto.
Una de las funciones del organismo público Corfo es la privatización de activos estatales, fuente de la que procedían los depósitos robados. Inverlink es un grupo privado antes muy exitoso, que se fue a pique en febrero, después de que una secretaria del presidente del Banco Central, Carlos Massad, confesara que sacaba información reservada del ordenador de su jefe y la enviaba por correo electrónico a un ejecutivo de Inverlink, del que estaba enamorada, a cambio de dinero y medicamentos para tratar una esclerosis múltiple que padece.
Con la secretaria y el ejecutivo detenidos y procesados, y la cúpula del grupo quebrada después de la dimisión de dos de sus directores, que eran ex funcionarios del Gobierno, Inverlink necesitó liquidez para algunas de sus empresas y vendió en el mercado estos depósitos. Algunos se siguieron negociando, aunque no tenían un respaldo de Corfo, ni Moya, el funcionario detenido, podía endosarlos. El socio principal de Inverlink, Eduardo Monasterio, está detenido y según su abogado sólo intentó salvar a su grupo.
Lagos admitió ayer que el caso ha ocasionado impacto, aunque resaltó que la solidez de la economía y el bajo riesgo del país no han sido afectados. La directiva de la Democracia Cristiana (DC), el mayor partido del Gobierno, pidió al presidente del Banco Central, Carlos Massad, asumir su "responsabilidad política" en la fuga de información privilegiada, mientras la Cámara de Diputados estudia formar una comisión investigadora y los operadores del mercado pronostican que el grupo Inverlink quebrará.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de marzo de 2003