La noticia corrió ayer de boca a boca en Belgrado como un reguero de pólvora: han asesinado a Zoran Djindjic. El primer ministro serbio, de 51 años, a cargo del Ejecutivo desde el 25 de enero del 2000, cayó abatido a las 12.45 por dos balas calibre 12,7 milímetros, que lo alcanzaron en el pecho y que fueron disparadas por un francotirador desde un edificio cercano a la sede del Gobierno cuando Djindjic salía de su automóvil y se dirigía a presidir una reunión más del Ejecutivo. La reacción explosiva de los guardaespaldas de Djindjic fue infructuosa. El primer ministro perdió la consciencia y el pulso cardiaco en el auto que lo transportaba a un centro hospitalario, distante un kilómetro del Gobierno.
La muerte del carismático líder reformista serbio, una figura que no será fácil de reemplazar, fue registrada a las 13.30, yaciendo en la mesa de operaciones mientras los cirujanos trataban desesperadamente de reanimarlo.
A petición del Gabinete, la presidenta del Parlamento y jefa interina de la República, Natasa Micic, decretó el estado de excepción, según el cual el Ejército asume las competencias en materia de seguridad que habitualmente tiene la fuerza policial y quedan prohibidas las huelgas, protestas ciudadanas y reuniones masivas. Según aseguró Zarko Korac, uno de los seis vicepresidentes del Ejecutivo, la medida será anulada en cuanto sean apresados los asesinos.
La situación política en Serbia no es precisamente sencilla: todavía se están forjando las instituciones del Estado que sustituyó el 4 de febrero a la antigua Yugoslavia, Serbia y Montenegro; una parte de su territorio, Kosovo, de mayoría albanesa, permanece bajo administración internacional desde los bombardeos de 1999, y el país no tiene presidente. Tras tres elecciones fallidas por falta de quórum, el cargo fue asumido hasta los siguientes comicios -que no tienen todavía fecha- por Natasa Micic al terminar el mandato del anterior presidente, Milan Milutinovic, que se encuentra actualmente a disposición del Tribunal de La Haya para los crímenes en la antigua Yugoslavia. Actualmente, Serbia no tiene ni primer ministro ni presidente electos.
La actitud del Gobierno serbio fue explicada por Nebojisa Covic, otro de los vicepresidentes, designado ayer como portavoz gubernamental en esta situación de emergencia. Covic prometió que se hará todo lo posible para proteger la paz y el orden democrático, los cuales, aseguró, "están en peligro".
Incluso sin esta medida, Belgrado ya vivía ayer momentos excepcionales. La policía había bloqueado completamente el centro histórico deteniendo a todo vehículo lujoso que pasaba e interrogando a centenares de transeúntes. También se cerraron todas las vías de acceso a la ciudad y se cancelaron todos los vuelos con salida desde el aeropuerto de la capital serbia.
En la madrugada de hoy, la entrada de la sede del Gobierno ya estaba cubierta de flores y de velas encendidas colocadas por los ciudadanos en señal de luto y de respeto al hombre que simbolizaba el movimiento de resistencia al régimen de Slobodan Milosevic, la política de reformas democráticas y el retorno de Serbia a la comunidad internacional.
Las conjeturas hechas por los medios y los analistas políticos en un primer momento después del atentado fueron confirmadas según transcurrían las lastimosas horas de la tarde de ayer. El Gobierno emitió un comunicado de prensa en el cual se acusaba al clan mafioso de Zemun -en la parte moderna de Belgrado- como responsable del asesinato.
Reunido con los directores de los principales medios de prensa con sede en Belgrado y con los corresponsales extranjeros, Zarko Korac declaró que "el mayor grupo del crimen organizado en el territorio de la ex Yugoslavia" no solamente organizó el asesinato de Djindjic, sino también el secuestro y probable asesinato de Ivan Stambolic, ex presidente serbio -derrocado por Milosevic en 1991-, quien se encuentra desaparecido desde el 25 de agosto del 2000.
Korac dijo que la policía en primer lugar busca a una veintena de líderes mafiosos, entre los que destacó a Milorad Lukovic, Dusan Spasojevic, Mile Lukovic y Dejan Milenkovic. Este último había sido identificado por la policía como el responsable de un fallido atentado contra Djindjic perpetrado hace dos semanas. Entonces un camión trató de embestir al automóvil en el que viajaba Djindjic hacia el aeropuerto y el chófer del primer ministro logró evitar la colisión en el último momento. El conductor fue detenido e identificado como miembro de un poderoso clan mafioso: el grupo Surcin, extrechamente relacionado con las boinas rojas, un grupo policial anulado por la política de Djindjic, que realizó muchos trabajos sucios para el régimen de Milosevic.
Según fuentes gubernamentales consultadas por EL PAÍS, la policía pudo reconstruir el caso e identificar a los posibles responsables gracias a la ayuda de un ex jefe de la mafia, Ljubisa Buha, el cual actúa bajo protección policial como confidente del Gobierno.
Tanto la mafia, a la cual Djindjic había declarado la guerra, como ex miembros de la fuerza policial y de varios grupos paramilitares tenían motivos muy claros para la liquidación de Djindjic, quien recientemente había impulsado a su Gobierno a adoptar una serie de medidas drásticas para la lucha contra el crimen organizado, como la habilitación de un fiscal especial con facultades similares a las que tiene el FBI en la lucha contra la mafia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de marzo de 2003