El pleno del Congreso aprobó ayer la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que establece la limitación temporal de cinco años en el mandato los fiscales jefes, que tendrán que cesar en sus cargos a la entrada en vigor de la norma. Todos los grupos de la oposición menos CiU criticaron que la reforma no aborde también la limitación temporal del cargo de Fiscal General del Estado y abundaron en que el proyecto de ley incrementa la dependencia de la institución respecto del Gobierno.
El portavoz socialista, Javier Barrero, insistió en que el proyecto no desarrolla lo acordado en el seno del Pacto de Estado por la Justicia y se enfrenta al criterio de las asociaciones de fiscales. Barrero afirmó que el modelo implica "una involución" respecto al Estatuto anterior, mediante una mayor dependencia y subordinación de los fiscales.
El PSOE mantuvo ante el Pleno 35 enmiendas parciales que fueron rechazadas, en las que proponía la ampliación de las competencias del fiscal en la instrucción penal y la limitación de los cinco años de mandato no sólo para los fiscales jefes, sino también para el fiscal del Estado. También propuso que se motiven las propuestas de nombramiento y cese de los fiscales y dotar de un mayor número de competencias al Consejo Fiscal, así como a la Fiscalía Anticorrupción.
El portavoz de IU, Luis Carlos Rejón, cuyo grupo presentó una enmienda a la totalidad, se refirió al "follón que está montando el PP para cargarse a los fiscales que le molestan" y reclamó una mayor autonomía del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno de la Nación. IU pretendía una mayor vinculación del fiscal general con el Parlamento y una reforma del Consejo Fiscal para que deje de ser un mero órgano asesor.
Apariencia de imparcialidad
El portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, pidió también la limitación temporal del cargo de fiscal general al considerar necesario que se refuerce, no su imparcialidad, que está garantizada por ley, sino también su "apariencia de imparcialidad".
Margarita Uria, del PNV, se mostró asimismo a favor de limitar el cargo del fiscal general e insistió en reclamar la necesidad de una mayor presencia de las comunidades autónomas en la institución del Ministerio Público.
El diputado de CiU Manuel Silva expresó su apoyo al proyecto de ley y señaló que "temporalidad es igual a responsabilidad" y que trasladar este criterio al fiscal del Estado "no es una opción viable, a no ser que vayamos a algo a lo que no queremos ir, que es a un fiscal parlamentario".
El portavoz del Grupo Popular, Julio Padilla, explicó que se trata de un proyecto de reforma parcial del Estatuto del Ministerio Fiscal y no de su sustitución, y que trata de perfeccionar el modelo actual y no de "liquidarlo". Padilla dijo que con la Constitución no se puede hacer un "fiscal general parlamentario".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de marzo de 2003