La desesperación del centenar de familias a las que el Ministerio de Fomento ha expropiado sus viviendas y fincas en un terreno de Barajas adyacente al aeropuerto, y que están pendientes del desalojo desde el pasado diciembre, no acaba en la pérdida de sus propiedades. La Delegación del Gobierno ha notificado ahora al menos a seis de ellos -afectados directos en unos casos, familiares o amigos en otros- sendas multas de 600 euros por participar el pasado 22 de julio en una concentración de protesta no autorizada. Los sancionados, que han recurrido la multa, aseguran que se disolvieron en cuanto la policía se lo ordenó.
Uno de ellos, Rafael Llorente, está a punto de cumplir 80 años y cobra una pensión de 200 euros. Reconoce que se concentró aquel día en la confluencia de la avenida de Logroño con el Camino Viejo de Hortaleza, pero afirma que cuando llegó la policía y les pidió que se marcharan, todos lo hicieron. "Yo ya me salía de la manifestación. Iba con mi garrotita, despacio; fui al primero que cogieron. Se me acercaron dos policías y me pidieron el carné. Se lo di, claro. Les dije: 'Ya me voy para casa, si esto se ha acabado...'. Si llego a saber que era para ponerme una multa, me hago detener. No puedo pagar 600 euros", cuenta.
Otro de los sancionados, que prefiere no dar su nombre, asegura que la concentración ni siquiera llegó a cortar el tráfico. "Era el tercer lunes que nos manifestábamos, la policía lo sabía y ya había desviado la circulación. Luego llegaron los antidisturbios y nos fuimos", dice este hombre, que añade: "Esto es absurdo. Allí había, sobre todo, personas mayores que han heredado esas fincas de sus abuelos y simplemente no quieren perderlas. No tenían ningún ánimo de enfrentamiento. Mi suegra llevaba un lema que decía: 'Somos gente formal. No queremos molestar".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de marzo de 2003