El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Manuel Andreu, reclamó ayer, para los ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu, una "actuación urgente" de Cáritas y Cruz Roja con "medios suficientes" y garantizados por las administraciones para procurar una vida digna a los refugiados en las instalaciones "que no sean delincuentes". Representantes de la FAVB y de las asociaciones de vecinos de Sant Andreu Nord y Sant Andreu del Palomar mantuvieron la pasada semana reuniones con la Generalitat, el Ayuntamiento y la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Susanna Bouis. Con cerca de 500 personas instaladas en los cuarteles, tanto inmigrantes regulares como irregulares, okupas y bandas de delincuentes, los comerciantes y vecinos del barrio denuncian el clima de inseguridad que se ha creado en la zona. Andreu sostiene respecto a los encuentros mantenidos: "Tuvimos la impresión de que la Subdelegación [del Gobierno] echaba pelotas fuera, diciendo que sólo es posible una actuación policial, ya que la vía judicial está paralizada". Durante 2002, el Ministerio de Defensa requirió el desalojo por vía administrativa, que quedó paralizado por la presentación de un recurso que debe resolver el juzgado central de Madrid. Actualmente, Defensa ha iniciado un proceso civil de desahucio.
La situación ha derivado también en un enfrentamiento entre el Partido Popular y el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Ante las críticas de Alberto Fernández Díaz (PP) sobre la situación, el concejal de Sant Andreu, Ferran Julià, le recordó ayer que los terrenos de los cuarteles son de Defensa "y hace dos años que se espera que haga algo".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de marzo de 2003