El Gobierno ha renunciado a aprovechar el diseño del nuevo modelo ferroviario para abordar el saneamiento financiero de Renfe. El Consejo de Ministros remitió ayer a las Cortes Generales el proyecto de ley que abrirá el sector a la competencia sin dar una solución definitiva a la deuda de 7.241 millones de euros que arrastra la compañía.
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, dijo tras la reunión del Consejo de Ministros que la puesta en marcha de la liberalización no depende de la amortización de dicha deuda, informa Europa Press. Aunque no se recoge en el proyecto de ley, el ministro aseguró que, de momento, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ente público que gestionará la red, asumirá la parte de dicha deuda asociada a la infraestructura (5.882 millones), mientras Renfe-Operadora, que aglutinará las unidades de tráfico actuales (AVE, Grandes Líneas, Cercanías), asumirá la relacionada con la explotación.
Según fuentes próximas al Gobierno, el proyecto de ley fue estudiado por el Consejo de Ministros el 7 marzo, pero no salió adelante, debido a las divergencias sobre qué parte de la deuda debe asumir el Estado. El transporte de mercancías se liberalizará este año, y el de viajeros, en 2005.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de marzo de 2003