La posible utilización por parte de Batasuna de agrupaciones municipales de electores para participar en los próximos comicios supondrá "un enorme esfuerzo" para los poderes Ejecutivo y Judicial para intentar evitar la concurrencia de cualquier heredera de la formación ilegalizada. Las juntas electorales y el Tribunal Supremo se verán obligados a investigar "una a una" las decenas de agrupaciones de electores que se presenten para averiguar y demostrar que existen vínculos con Batasuna. Aquellos a los que se les deniegue la inscripción podrán recurrir al Tribunal Supremo, y luego, al Constitucional.
La Ley de Partidos prevé que no puedan ser legalizadas y, por lo tanto, no puedan concurrir a las elecciones, aquellas formaciones que se consideren continuadoras del partido ilegalizado, en este caso Batasuna. El Gobierno está a la espera de conocer al detalle la sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo (cuyo contenido exacto se conocerá en los próximos días) para instar su cumplimiento y para ver cómo afecta a los grupos municipales de Batasuna.
El principal temor del Gobierno, ya expresado antes de la aprobación de la ley, es que Batasuna utilice "cualquier subterfugio" para eludir la ilegalización y presentarse a las elecciones. Batasuna ya ha presentado su nueva marca electoral, denominada AuB (Plataforma por la Autodeterminación), que por el momento carece de personalidad jurídica (no se ha inscrito ni como partido ni como asociación, por ahora). Esta formación está pensada, según reconocen fuentes del Ejecutivo, como "paraguas" para las agrupaciones electorales, que ya se están constituyendo en al menos 100 municipios del País Vasco, dado que estas agrupaciones son independientes entre sí y, teóricamente, su funcionamiento es autónomo.
Las agrupaciones de electores las integran personas físicas que firman su candidatura nominalmente. El órgano competente que las acepta o rechaza es la junta electoral de zona. Tanto si la junta falla a favor como en contra de inscribir cada agrupación electoral, los afectados disponen de dos días para apelar a la Sala Especial del Tribunal Supremo, según establece la Ley Electoral reformada por la Ley de Partidos. La Sala Especial del Supremo tiene tres días más para resolver el recurso.
La decisión de la Sala Especial del Supremo es, a su vez, recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional, que es la última instancia, según la Ley de Partidos. Para ello, los recurrentes disponen de otros dos días y el Tribunal Constitucional, de un plazo de tres jornadas para resolver.
Los constitucionalistas consultados prevén un auténtico "colapso judicial" si se tiene en cuenta que pueden ser centenares las agrupaciones de electores que Batasuna puede presentar en los ayuntamientos y todas las decisiones tienen que argumentarse jurídicamente (Euskadi tiene 250 municipios y Navarra, 272). "No hay que olvidar que Batasuna está encorajinada con su ilegalización y tratará de dar una respuesta al reto del Estado democrático", alegan.
Agotar los plazos
Hay que contar, añaden las fuentes consultadas, con que las agrupaciones electorales recurrirán en todos los casos en que bien la junta electoral o la Sala Especial del Supremo las rechace por "considerarlas un sucedáneo de Batasuna". Y viceversa, en los casos en que o bien la junta electoral o la Sala Especial acepten las candidaturas serán muy probablemente el PP, el PSOE o el propio Gobierno los que las impugnen. Y la previsión es que las agrupaciones "agoten al máximo los plazos" para intentar llegar al 25 de mayo sin que haya un pronunciamiento final, según fuentes del Ministerio del Interior.
En el caso de que la inscripción sea rechazada, será necesario demostrar los vínculos entre la agrupación de electores de que se trate y Batasuna. Para ello habrá que revisar si quienes están en ella han estado con anterioridad en una lista de HB, Euskal Herritarrok o Batasuna, si han sido cargos orgánicos de la formación, si han tenido alguna vinculación con actividades terroristas...
"Esto supondrá un enorme esfuerzo para presentar pruebas, pero esa garantía es buena para el Estado de derecho y demuestra que no se ilegaliza o se impide presentar a un partido a unas elecciones por motivos ideológicos sino por su colaboración con la violencia", según fuentes del Ministerio de Justicia.
Además, a las agrupaciones electorales les queda aún un último recurso que es acudir al Tribunal de Estrasburgo y, en este caso, las dificultades crecen porque este tribunal "puede tener asumido que Batasuna es ilegal, pero le puede resultar más difícil extenderlo a unas agrupaciones de electores", añaden las fuentes consultadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de marzo de 2003