El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al Departamento de Justicia e Interior de la Generalitat a abonar más de 36,5 millones de pesetas (219.609 euros), más intereses, en concepto de daños y perjuicios a los familiares de una mujer que fue asesinada por un preso que se encontraba en tercer grado penitenciario. La sentencia considera que la Administración autónoma debería haber extremado la vigilancia sobre el recluso y no concederle el régimen abierto porque se trataba de una persona con "una dilatada carrera delictiva" y que sufría una alteración psíquica.
El crimen se produjo el 11 de marzo de 1992, cuando Antonio Fernando González contrató los servicios de una prostituta de 37 años en una vivienda particular y la acabó asesinando. La Audiencia de Barcelona le condenó en 1994 a 20 años de cárcel con la eximente de trastorno mental transitorio, así como al pago de 25 millones de pesetas (150.253 euros). Pero el acusado se declaró insolvente y los familiares de la víctima nunca cobraron.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó ayer pronunciarse sobre la resolución.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de marzo de 2003