El presidente norteamericano, George W. Bush, intentó demostrar ayer que el ataque contra Irak no había agravado el relativo aislamiento de Estados Unidos. Según él, pese a las abundantes declaraciones y manifestaciones de rechazo que se han producido en gran parte del mundo, la guerra comenzada la madrugada de ayer había reforzado su "creciente coalición de voluntarios". "Ya son más de 40 países los que nos apoyan", aseguró. La víspera, cuando anunció el inicio del asalto, habló de "más de 35". Un portavoz de la Casa Blanca aseguró, por su parte, que "sólo unas pocas naciones" se oponían a la invasión de Irak. Y el Departamento de Estado empezó a presionar para que todos los países expulsaran a los diplomáticos iraquíes.
En el fragor inicial de la guerra, sin que aún hubieran comenzado los previstos bombardeos masivos, la Casa Blanca se marcó como objetivo político una doble deslegitimación: la de los gobiernos y ciudadanos opuestos al conflicto, "cada vez menos" en opinión del portavoz Ari Fleischer, y la del propio régimen iraquí. El Departamento de Estado solicitó a los gobiernos aliados de EE UU que cerraran las embajadas de Irak y retiraran las credenciales a sus diplomáticos, obligándoles a marcharse.
Cuando al portavoz de Colin Powell, Richard Boucher, se le hizo notar que esos diplomáticos difícilmente podían regresar a un país aislado por la guerra, respondió que ése era su problema, no el de Estados Unidos.
Tanto la Casa Blanca como el Pentágono insistieron en expresar su esperanza en que Sadam Husein y los suyos abandonaran Irak, y en que el ejército iraquí se rindiera sin luchar. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, amenazó una vez más con juzgar por crímenes de guerra a quienes destruyan "presas, pozos de petróleo u otras infraestructuras".
Una de las obsesiones de los estrategas de Washington era la de evitar que la campaña bélica produjera grandes destrozos, porque, salvo un poco probable fracaso de la invasión, la factura de la reparación tendría que ser asumida por EE UU como potencia ocupante del país. De ahí los tanteos iniciales de la guerra, el interés por estimular deserciones y rendiciones y la continua presión psicológica sobre los iraquíes. "Ésta no es vuestra guerra, es sólo contra el régimen", afirmó Ari Fleischer dirigiéndose directamente a los iraquíes. "Sadam Husein ha empezado a incendiar pozos de petróleo, pese a decir que nunca lo haría, para destruir la riqueza de su pueblo", añadió el portavoz.
El secretario de Defensa, que emitió instrucciones tajantes al Pentágono para que no se produjera ninguna filtración informativa a la prensa, invocó "pruebas" en su poder que confirmaban que "muchos iraquíes" estaban ya trabajando a favor de la fuerza invasora.
Se percibía una cierta crispación en la Casa Blanca. Fleischer indicó que Sadam constituía "un objetivo legítimo de guerra" como comandante supremo de su ejército y que matarle no constituiría asesinato, sino una acción bélica. Cuando un periodista le preguntó si el mismo razonamiento podría valer para un iraquí que atentara contra Bush, el portavoz respondió con malhumor: "Contrate un abogado y hágale esa consulta".
Bush llegó al Despacho Oval de la Casa Blanca a las 6.55 horas (12.55 hora peninsular española) y convocó una reunión del Gobierno para indicar a sus conciudadanos que la guerra no frenaba los asuntos cotidianos. "Seguimos trabajando para estimular la economía y mejorar la educación", dijo al concluir la sesión del gabinete.
La oposición demócrata había planteado la necesidad de hacer una pausa parlamentaria mientras durara la incertidumbre en Irak, pero el presidente decidió que prefería aprovechar los brotes de fiebre patriótica y de devoción al líder habituales en tiempos de guerra para intentar arrancar el sí de las dos cámaras a algunas de sus propuestas al borde del naufragio, como la segunda reducción de impuestos.
Bush ha ordenado que se confisquen 1.740 millones de dólares del Gobierno de Irak que permanecían congelados en cuentas bancarias de 18 entidades financieras estadounidenses desde 1990, después de que Irak invadiese Kuwait, según indicó el secretario del Tesoro, John Snow. Los fondos serán transferidos a la Reserva Federal de Nueva York gracias a la ley aprobada tras los ataques terroristas del 11-S que permite confiscar los bienes de un país con el que EE UU está en guerra. En su mayoría serán destinados a fines humanitarios en la zona del conflicto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de marzo de 2003