Los consejeros de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) propuestos por el PSPV anunciaron ayer que son dos las vías judiciales por las que solicitan la nulidad de la privatización de Canal 9: la penal y la contenciosa. La primera está en relación directa con su ausencia el pasado lunes en la votación de los pliegos de condiciones en el seno del consejo, que atribuyen a que los vigilantes de seguridad privada impidieron su entrada en el despacho del director general del ente, José Vicente Villaescusa, tras la irrupción de un centenar de trabajadores de Canal 9 en la sala de reuniones. "Se nos impidió la entrada, lo que supone una usurpación de nuestras funciones, es un acto fascista", dijo Dolors López. A ello, el consejero por el PP Víctor Campos, contestó: "Es falso, los vigilantes de seguridad estaban allí para impedir la entrada de los violentos y facilitar la entrada de los consejeros y consejeras".
Por la vía contenciosa, el PSPV presentará en breve, según Miguel Mazón, un escrito que recoge supuestas ilegalidades en los pliegos de privatización (de informativos, programas y espacios publicitarios). Son cuatro leyes las incumplidas: el Estatuto de Autonomía, la Ley de Terceros Canales, la de Creación de RTVV y la de Contratos de la Administración Pública. Mazón dijo que los pliegos se rigen por el derecho privado en algunos apartados esenciales, que "no está prevista dotación presupuestaria, y que "se establece la publicación sólo en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana, en uno o varios diarios locales y en uno o varios de ámbito nacional, pero no incluye ni el BOE ni el diario de las comunidades europeas" como exige la ley.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de marzo de 2003