El abogado argentino Luis Moreno Ocampo todavía no se ha recuperado del choque que le ha producido su nuevo puesto de trabajo para los próximos nueve años. La Corte Penal Internacional (CPI), en vigor desde el 1 de julio de 2002, le ha nombrado fiscal jefe, es decir, la cara más pública del nuevo tribunal para crímenes de guerra, con sede en La Haya.
Moreno Ocampo (50 años, Buenos Aires) tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción. Su debú se produjo en 1985, en el juicio a las juntas militares que enterró la última dictadura argentina (1976-1983). Aquel proceso histórico concluyó con las condenas a cadena perpetua de los integrantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas, entre ellos el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera.
Como fiscal, el desafío que tiene por delante es mayor, si cabe, que el de demostrar la culpabilidad de los viejos dictadores argentinos. Sus atribuciones serán muy amplias, hasta el punto de que podrá presentar casos sin necesidad de consultar previamente con el Estado afectado.
Todas las naciones que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma, 89 de los 139 signatarios, pueden ser investigadas. Como Irak y Estados Unidos no son miembros del tribunal internacional porque no lo aceptan, ni Sadam Husein ni George W. Bush podrían ser llevados al banquillo de los acusados. La CPI tiene jurisdicción en aquellos crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma, y se ha dado un plazo de siete años para definir como figura delictiva la agresión y la declaración de guerra.
La ausencia de EE UU
El acontecimiento se producirá el 21 de abril en la próxima Asamblea de los Estados Partes, que se celebrará en Nueva York. Estados Unidos será, una vez más, el gran ausente. Como lo fue en la investidura de los primeros 18 jueces en una ceremonia reciente en el Parlamento holandés en La Haya.
A pesar de que EE UU firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, en un último gesto del ex presidente Clinton, la Administración Bush ha sido el enemigo más feroz que ha tenido la CPI, hasta el punto de que forzó una ley en contra, que fue aprobada por el Congreso estadounidense. Otros países que no han firmado el tratado son China, India y Japón. Rusia e Israel firmaron, pero no lo han ratificado.
Washington decidió retirarse de escena y no ha jugado, pues, papel alguno en la elección de Moreno Ocampo como fiscal jefe. Su nombre salió de una lista de media docena de candidatos, nunca seleccionados, de países africanos, latinoamericanos y europeos, y fue decidido por consenso después de un proceso sigiloso de búsqueda.
El embajador jordano ante las Naciones Unidas, príncipe Zeid al Hussein, que preside la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, jugó un activo papel a la hora de decantar la balanza a favor del candidato argentino, que presentaba unas credenciales excelentes en el ejercicio del Derecho. Con este nombramiento quedarán cubiertos casi todos los puestos clave del tribunal, que estará presidido por el canadiense Philippe Kirsch.
Desde el juicio a los generales de la dictadura, a los que volvió a enfrentar en el juicio por la guerra de las Malvinas, Moreno Ocampo ha intervenido en la denuncia de numerosos casos de corrupción. No en vano, representa a América Latina en la junta directiva de la organización Transparencia Internacional, de la cual es presidente en Argentina.
Hasta finales de mayo, el fiscal residirá en Boston, donde dicta un curso en la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard sobre fiscales y corrupción, que analiza el funcionamiento de los ministerios públicos en todo el mundo. A partir de junio, cambiará de continente y se instalará en la apacible y bien comunicada ciudad de La Haya, con el objetivo de lograr la consolidación de la Corte al Penal Internacional y expandir su base de países signatarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de marzo de 2003