El ministro del Interior, Ángel Acebes, afirmó ayer en el Congreso que el germen de los altercados que se produjeron en Madrid en las manifestaciones del pasado fin de semana estuvo en que fueron convocadas ilegalmente. Debido a eso, según él, los organizadores "no pudieron controlar a los radicales y violentos" ni evitar que "provocaran sin límite" a los antidisturbios, quienes vieron limitada, por la ilegalidad de la marcha, su capacidad de garantizar los derechos de los manifestantes y del resto de ciudadanos. La oposición coincidió en condenar los excesos de los violentos y de la policía.
Acebes aseguró que la diferencia entre las 78 movilizaciones pacíficas celebradas en Madrid desde el 15 de febrero y las que acabaron en algarada es que las pacíficas eran legales y las otras no, por lo que rechazó que los incidentes se debieran a los "excesos policiales". A su juicio, aunque hubo algún exceso individual, que se investiga, la policía actuó correctamente y gracias a ella "se evitaron consecuencias más dramáticas".
Acebes compareció en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso a petición propia y de los Grupos Socialista, IU y Mixto, para explicar la actuación policial durante las manifestaciones del pasado fin de semana. La sesión empezó con polémica, ante la negativa del presidente de la comisión, Jesús López-Médel (PP), a proyectar un vídeo, de unos tres minutos de duración, aportado por el PSOE sobre los excesos de miembros de las Unidades de Intervención Policial. Esa decisión fue criticada por toda la oposición. El portavoz del PSOE, Victorino Mayoral, la calificó de "censura previa".
Acebes, que reclamó respeto a la ley tanto en el ejercicio de los derechos como del cumplimiento de las obligaciones, defendió los cordones policiales montados alrededor del Congreso para impedir una hipotética "violación de la Cámara" y defendió la necesidad de compatibilizar los derechos de los manifestantes con los de los que no se manifiestan.
El ministro se preguntó qué ha cambiado para que todas las protestas en Madrid -el año pasado hubo 1.630- se hayan desarrollado pacíficamente excepto el pasado fin de semana, si "las fuerzas de seguridad son las mismas y sus responsables políticos y las instrucciones son las mismas". Para él, la diferencia está en que el pasado fin de semana "los manifestantes no respetaron los mecanismos legales para hacer convocatorias legítimas". Por esa falta de notificación a la Delegación del Gobierno, añadió, la policía no pudo preparar adecuadamente la seguridad, no hubo servicio de orden interno y "los organizadores de las manifestaciones no pudieron controlar a los radicales y violentos que provocaban los desórdenes públicos".
El ministro hizo un pormenorizado relato de los incidentes -no mencionó el porrazo asestado por un agente a una mujer y difundido por televisión-, que atribuyó a "unas 1.000 personas, muchas de ellas encapuchadas y armadas con cascos y escudos".
Según Acebes, los violentos actuaron coordinadamente, separados en grupos, "utilizando métodos de lucha urbana". El ministro sostuvo que el sábado "hubo provocaciones hasta límites realmente insoportables" para los policías, que actuaron, dijo, con "esfuerzo y profesionalidad" y evitaron "consecuencias más dramáticas y graves para todos". Acebes advirtió de que Interior no va a permitir que grupos violentos queden impunes, por lo que la policía seguirá actuando "con firmeza y proporcionalidad para defender el orden y el respeto a la ley".
La oposición coincidió en sus réplicas en la condena de la violencia de los radicales y también de la policía; en que el deber de la policía durante esos días era garantizar el derecho de manifestación de los pacíficos y en que los antidisturbios se tenían que haber dedicado a apartar a los violentos en vez de actuar "indiscriminadamente". "La policía ni garantizó el derecho de manifestación, ni aisló a los violentos, ni protegió a los ciudadanos", dijo Victorino Mayoral. Éste opinó que las medidas de seguridad en el entorno del Congreso equivalen a una declaración encubierta del "estado de alarma".
Mayoral coincidió con Felipe Alcaraz (IU) en la "sensación" de que se intenta crear "miedo a las manifestaciones", apreciación que también compartió el representante de CiU, Jordi Jané. "Lo que hemos visto es que muchos policías actuaron con barra libre, y eso hay que controlarlo e investigarlo", subrayó Felipe Alcaraz.
Los actos contra la guerra continuaron ayer en España. En Madrid, Barcelona, Valencia y Salamanca miles de personas participaron en una cacerolada de 15 minutos. En Madrid, dos horas después de empezar, seguía la protesta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de marzo de 2003