El consejero de Participación Ciudadana del Gobierno ceutí, Francisco Torres, presentó ayer su dimisión irrevocable después de que la oposición municipal le acusara de desviar fondos de su departamento hacia una empresa de servicios dirigida por un familiar directo al que en el plazo de dos años le adjudicó, por contratos verbales, trabajos por más de 108.000 euros.
Torres, que fue uno de los cinco miembros del GIL con los que el PP pactó en febrero de 2001 para desbancar de la presidencia de la ciudad autónoma al gilista Antonio Sampietro, es también el quinto consejero que deja el Ejecutivo ceutí, que preside Juan Vivas (PP), en los dos últimos años después de que lo hicieran los responsables de Fomento (Tomás Alvarez de Lara), Medio Ambiente (Jesús Simarro), Mustafa Mizzian (Obras) y Mohamed Chaib (Bienestar Social), los dos últimos acusados por la Fiscalía de un delito de sedición por su presunta participación en unos disturbios ocurridos en el interior del ayuntamiento en octubre de 1999.
El ex consejero de Participación argumentó ayer su dimisión en la necesidad de preservar la buena imagen del Gobierno ceutí y atribuyó las críticas por su presunta prevaricación a un "error administrativo" que ha ensombrecido su gestión en los últimos meses.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de marzo de 2003