La candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Madrid, Inés Sabanés, advirtió ayer de que la formación "mantendrá una posición de insumisión ante los acuerdos que se puedan adoptar dentro del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS), y que suponen de hecho imponer la privatización de servicios públicos que afectan al transporte, la educación, la sanidad, el medio ambiente o los servicios sociales". Sabanés se refería al debate que se está sosteniendo en la actualidad en el seno de la Comisión Europea, promovido por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El AGCS prevé imponer a partir de 2005, según IU, medidas de privatización de servicios públicos que afectarían a todos los estamentos institucionales europeos, incluidos los ayuntamientos. La iniciativa se está desarrollando "a espaldas de los ciudadanos" y "viene a mermar la autonomía de los consistorios en el desarrollo de su política sobre servicios públicos", criticó la candidata.
Sabanés se ha reunido esta semana con miembros del movimiento internacional Attac, que aboga por el control democrático de los mercados financieros, y se suma a la negativa a aceptar la futura normativa anunciada por algunos ayuntamientos de Inglaterra y Austria.
Los cargos institucionales de IU han suscrito una carta dirigida al Gobierno y al Comité 133 -organismo europeo encargado de concretar esas medidas- en la que solicitan "la difusión pública e inmediata del estado de las negociaciones", muestran su "total oposición a las imposiciones derivadas del AGCS", piden la suspensión "o moratoria" de las negociaciones y exigen "la apertura de un debate que implique la participación de los órganos elegidos de forma democrática".
Inés Sabanés recordó "la vital importancia que para Izquierda Unida tiene que los servicios públicos no pierdan este carácter y se articulen en función de las necesidades del ciudadano, y no de las fluctuaciones de los mercados económicos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de marzo de 2003