Los cinco portavoces de movimientos vecinales de Pamplona que han denunciado las obras ilegales realizadas por la alcaldesa de Pamplona en su vivienda consideran que Yolanda Barcina no puede ampararse "en el desconocimiento, real o no, de la normativa urbanística", ya que ello "no puede eximir de su cumplimiento".
Tras conocerse la denuncia a la comisión de Urbanismo, Barcina reconoció que hizo las obras en 1990 sin licencia, pero adujo que desconocía qué trámites legales debía cumplir. Añadió otros de sus vecinos también unieron sus trasteros a sus pisos.Los denunciantes insisten en una nota en que la alcaldesa ha vivido 13 años en un piso "que sigue transgrediendo la normativa urbanística aplicable"
y recuerdan que en todo ese tiempo Barcina "no ha contribuido al erario municipal como correspondería a unos usos de vivienda".
Los vecinos recalcan que, aunque en 1990 Barcina aún no había entrado en política, "estaba obligada a respetar la normativa urbanística como cualquier otro ciudadano" y se preguntan qué legitimidad moral y política tendrá la alcaldesa, que opta a la reelección por UPN, para hacer cumplir las ordenanzas municipales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de marzo de 2003