El propósito de las formaciones que sustituyen a la ilegalizada Batasuna de participar en las elecciones de mayo va a exigirles un ingente esfuerzo organizativo. Tan sólo para poder presentar las mismas candidaturas que EH hace cuatro años en Euskadi y en Navarra, las agrupaciones de electores que está estructurando la formación disuelta tendrán que reunir en pocos días al menos 61.000 firmas de votantes para cumplir los requisitos legales.
Esa cifra supone convencer en apenas dos semanas a uno de cada cinco votantes de EH en 1999 para que acuda a una notaría o a la secretaría del ayuntamiento correspondiente y avale, con su DNI y su certificado de inscripción en el censo electoral, las candidaturas que promueva la izquierda abertzale.
La formación independentista ha optado por la fórmula de las agrupaciones de electores para tratar de sortear su ilegalización, pese a que en algunos sectores se ha especulado con la posibilidad de que se usara un partido como la histórica Acción Nacionalista Vasca (ANV), que formó parte de HB, o alguna sigla durmiente en el Registro de Partidos. De hecho, el antecedente de Batasuna, EH, nació en 1998 como agrupación de electores para concurrir a las elecciones vascas de octubre de ese año, antes de presentarse como partido en las municipales y forales del año siguiente y transformarse en Batasuna en 2001.
Los redactores de la Ley de Partidos ya barruntaron la posibilidad de que Batasuna intentara montar una constelación de agrupaciones, por lo que añadieron un apartado al artículo 44 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: "No podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado ilegal y disuelto, o suspendido".
El margen que deja la ley es escaso, pero la formación ilegalizada está dispuesta a explorarlo. "Llegaremos hasta donde podamos", ha anunciado un portavoz de Autodeterminaziorako Bilgunea (Plataforma por la Autodeterminación, AuB), un movimiento aún no registrado legalmente y que pretende presentarse como agrupación de electores a los comicios para las Juntas Generales (Parlamentos provinciales) de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y la Cámara navarra. Para estar presentes en las municipales se han puesto en marcha 150 plataformas locales en municipios de ambas comunidades para dar soporte a otras tantas agrupaciones de electores.
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El reto de igualar las candidaturas presentadas por EH en 1999 obligaría a obtener el aval de un mínimo de 47.400 electores para las municipales y forales, y de 13.000 para las municipales y autonómicos de Navarra. Esta cifra total de 60.400 firmantes implica movilizar a uno de cada cinco votantes que tuvo EH hace cuatro años; o a uno de cada tres que logró en las autonómicas vascas de 2001, cuando sufrió un importante descalabro por la ruptura de la tregua.
El esfuerzo va a ser más importante en las capitales -en Bilbao se requieren 5.000 firmas y 3.000 en Vitoria, San Sebastián y Pamplona-, en provincias como Álava y Vizcaya y en determinados municipios vizcaínos y guipuzcoanos que demandan 500 avales. En el caso de Álava, las 7.300 firmas que se precisan representan un tercio de los votos logrados allí por la izquierda abertzale en las municipales de 1999 (21.663) o la mitad de los cosechados en las autonómicas de 2001. En Vizcaya, los avales necesarios para repetir las mismas candidaturas en los municipios y las Juntas serían 23.700 -EH logró 101.294 votos en las municipales de 1999 y 61.705 en las autonó-micas-. En Guipúzcoa, feudo de Batasuna, la relación es más favorable: 16.400 firmas, menos de una sexta parte de sus 105.212 votos de las municipales (69.286 en las autonómicas).
El pasado 28 de marzo, AuB publicaba un amplio anuncio en el diario Gara en el que comunicaba el comienzo de la recogida de firmas, a partir del 1 de abril, en notarías de Pamplona y de las 30 principales localidades vascas, y se marcaba el reto de conseguir 50.000.
Pintadas contra un párroco
El párroco de Trucíos (Vizcaya), Pablo Villaroel, reiteró ayer su voluntad de presentarse como candidato por el PSE en solidaridad con los amenazados pese a las pintadas y a las amenazas de que ha sido objeto este fin de semana. Villaroel, uno de los cuatro sacerdotes que han decidido presentarse en las listas del PP y del PSE, denunció ante la Ertzaintza la aparición en su coche de pintadas amenazantes y de varios desperfectos.
Jugar al límite
Fuentes de la izquierda abertzale señalan que los promotores de las agrupaciones pondrán especial cuidado en preservar las de los municipios que controla actualmente Batasuna. Opinan también que aguantarán todo lo posible antes de inscribirlas en Interior y presentar sus listas ante la Junta Electoral de Zona correspondiente (del 16 al 21 de abril), ya que ambos pasos activan la cláusula anticontinuidad de la Ley de Partidos. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, pueden recurrir la inscripción de una formación o la proclamación de una candidatura que "continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal o disuelto". El Gobierno y la izquierda abertzale van a jugar al límite, pues los plazos que marca la ley para resolver los recursos son sumarísimos.
La proclamación de una candidatura o su denegación debe ser recurrida por las partes antes del 30 de abril ante la Sala Especial del Supremo, que tiene tres días para resolver. Una resolución denegatoria puede recurrise en amparo al Constitucional, que debería pronunciarse en vísperas de que comience la campaña, el 9 de mayo. El problema es que el número de recursos superaría probablemente los 200.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de marzo de 2003