El Consell aprobó en su reunión de ayer la constitución de la sociedad Valencia Parque Central, Alta Velocidad 2003, SA, prevista en el último de los convenios firmados por las diferentes Administraciones implicadas y que tiene como objetivo facilitar la coordinación de las actuaciones urbanísticas. En la firma, en la que están representados el Ayuntamiento, Renfe, y el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, la Generalitat suscribe 150.000 euros de los 600.000 previstos.
En la misma reunión, el Gobierno valenciano aprobó la permuta de la antigua cárcel de hombres de Valencia, que albergará un complejo de oficinas, por varios inmuebles de la Generalitat valorados en 5,2 millones de euros. Esta cantidad es la mitad del precio en el que está tasada la antigua prisión.
Durante la primera reunión del Ejecutivo valenciano tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones autonómicas también se establecieron las normas sanitarias que deben cumplir los establecimientos no sanitarios dedicados a prácticas de estética. Esta normativa llega después de los escándalos registrados en otras comunidades autónomas por implantes de silicona con personal no cualificado y en condiciones higiénicas deficientes. Una práctica que queda terminantemente prohibida en centros de estética.
La consejera portavoz, Alicia de Miguel, también explicó que el Gobierno valenciano decidió prorrogar el convenio suscrito en junio de 2001 con Ràdio Televisió Valenciana para pagar el coste del transporte y difusión de la señal de radio y televisión. La subvención aprobada es de 2,5 millones de euros para costear el gasto correspondiente al ejercicio de 2002. También se ratificó la sanción impuesta a la firma Opening English Master Spain de 1,2 millones de euros por obstruir las labores de inspección, incumplir las condiciones fijadas en los servicios e introducir cláusulas abusivas en los contratos suscritos. La sanción ya fue propuesta por la Consejería de Comercio el pasado mes de febrero.
Junto a estos temas, el Ejecutivo acordó conceder una subvención de 668.000 euros a la empresa Ferrys para paliar el desempleo en la comarca valenciana de La Costera.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de abril de 2003