La decisión del Gobierno de Álvaro Uribe de decretar el estado de excepción y crear dos zonas bajo estricto control militar ha agravado la difícil situación de los derechos humanos en Colombia y no ha permitido contener la violencia, según denuncian varias organizaciones no gubernamentales y los líderes políticos de izquierda.
"Esas medidas excepcionales, lejos de ser eficaces para contener a los grupos violentos, han derivado en abusos contra los civiles y entidades no gubernamentales que promueven el respeto a los derechos humanos", declaró el senador y ex magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria. Según Gaviria, "al amparo de la conmoción interior -una de las figuras constitucionales contempladas en el estado de excepción decretado en agosto pasado- las fuerzas de seguridad han efectuado decenas de arrestos y allanamientos de viviendas y oficinas de civiles".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de abril de 2003