La OCDE hace varias recomendaciones y detecta cosas que corregir en su informe. Por primera vez, la organización dice que debería "reducirse el nivel de protección de que disfrutan los trabajadores fijos y aplicarse un control más estricto del abuso de los contratos temporales, a fin de reducir la segmentación del empleo sin menoscabar la flexibilidad general del mercado laboral".
La organización considera que aún persisten "distorsiones" en el mercado de trabajo y que los contratos temporales exceden el 30% del total. Afirma, además, que el Instituto Nacional de Empleo (Inem) deberá mejorar sus funciones como organismo de colocación, al tiempo que indica que tienen que revisarse las políticas activas de empleo, "que no son muy eficaces".
El "desafío más importante" que ve la OCDE para la economía española a largo plazo es el envejecimiento de la población, por lo que recomienda "resolver el problema de las pensiones", con la idea de fomentar una vida laboral más larga, así como reformar los parámetros del sistema, ya que hoy los pensionistas reciben en pensiones más de lo que cotizan. Por ello, la OCDE recomienda que, si se quiere mitigar el "brusco aumento" del gasto en pensiones a partir de 2015-2020, no pueden retrasarse durante más tiempo determinados aspectos, como calcular las pensiones sobre la base de los ingresos obtenidos a lo largo de toda la vida laboral en lugar de sobre los 15 últimos años actuales. De momento, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha descartado implementar este cálculo.
El informe de la OCDE se refiere también a la inmigración y considera que ha tenido efectos "positivos" en la economía española, al tiempo que destaca la necesidad de conjugar la reducción de entradas ilegales con la búsqueda de una respuesta de las necesidades del mercado de trabajo.
En política educativa, propone una reforma de la financiación universitaria, ya que considera que el sistema es "regresivo" porque las "bajas" tasas de matrícula benefician a las rentas más altas. Por ello, propone aumentar dichas tasas y subir la dotación de becas o préstamos subvencionados para los estudiantes con menos renta. También recomienda reducir la duración de los estudios, que califica de "excesiva".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2003