El Gobierno rechazó ayer, con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, las siete enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición a la reforma de la ley de prisión provisional. El PSOE, firmante del Pacto de la Justicia con el Ejecutivo donde se acordó desarrollar esta iniciativa legislativa, presentó un texto alternativo. El portavoz socialista, Juan Fernando López Aguilar, argumentó que la reforma del Gobierno tiene un enfoque "represivo al estar condicionada por su retórica de barrer las calles de delincuentes".
El PSOE, que presentó hace semanas una enmienda a la totalidad contra la reforma del Estatuto Fiscal, discrepa por segunda vez con el Ejecutivo en la aplicación del Pacto de la Justicia, suscrito hace dos años. El Gobierno ha presentado la reforma de la prisión provisional como el instrumento para combatir la inseguridad ciudadana. Las principales diferencias entre la reforma legal que el Ejecutivo quiere aprobar y la que acepta el PSOE son las que siguen:
- Prisión provisional en atención de la pena. El Gobierno propone que se pueda aplicar la prisión provisional a delitos castigados con pena de prisión de duración igual o superior a dos años, e incluso a los que incluyan menos pena si el condenado no tiene los antecedentes cancelados.
El PSOE también asume la aplicación de la prisión provisional a la pena de prisión igual o superior a dos años, pero los antecedentes no conllevarán prisión necesariamente. Los tendrá en cuenta el juez para valorar los riesgos.
- Incomunicación. El Gobierno propone aplicar la incomunicación a quienes incurran en riesgo de fuga, alteración de pruebas o reiteración delictiva sin límite.
El PSOE diferencia entre la incomunicación judicial y la policial. Quedan excluidos de la prohibición de comunicación el abogado, los familiares y el médico elegido.
- Duración de la incomunicación. El Gobierno propone un máximo de 5 días; una prórroga para delitos indeterminados de otros 5 días y una segunda imposición de la medida cuando la causa lo requiera de otros 3 días.
El PSOE asume el máximo de cinco días; con prórroga de otros tres días para delitos de tráfico de personas, narcotráfico o tráfico de armas, con resolución motivada. La segunda imposición de la medida sería para otros dos días. En total, el Grupo Parlamentario Ssocialista propone tres días menos de incomunicación máxima de lo que defiende el Gobierno.
- Duración de la prisión provisional. El Gobierno establece en el proyecto de ley para delitos de hasta tres años una privación provisional de libertad de hasta un año, prorrogable por seis meses. Para delitos con más de tres años de pena, plantea hasta dos años la duración de la prisión provisional, prorrogable por otros dos.
El PSOE propone un límite máximo que no durará más allá de la mitad de la pena. En ningún caso puede exceder de un año en delitos con menos de tres años de condena. El juez tiene, además, la obligación de revisar de oficio las circunstancias.
- Medidas alternativas a la prisión provisional. El Gobierno sólo prevé el arresto domiciliario y la fianza mientras el PSOE propone un elenco de medidas: internamiento en centro de curación; acudir a las dependencias judiciales; prohibición de abandonar España sin autorización; prohibición del ejercicio profesional; privación de uso de vehículos; arresto domiciliario...
- Retroactividad. El Gobierno establece la posibilidad de aplicar el nuevo régimen de prisión provisional a procesos incoados con anterioridad a la vigencia del nuevo texto.
El PSOE propone que el nuevo régimen se aplique a todas las decisiones cautelares que se adopten con posterioridad a su entrada en vigor, aunque se trate de procesos incoados con anterioridad, salvo que de su aplicación resulte una situación peor para el imputado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2003