El caso de la presunta estafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón, según informaron ayer fuentes jurídicas. El caso ha pasado de los juzgados de instrucción de Madrid a la Audiencia Nacional al haber perjudicados en el territorio de más de una audiencia.
Las diligencias han llegado a la Audiencia Nacional después de que, el pasado 19 de febrero, la titular del Juzgado número 34 de Madrid, Coro Monreal, acordara inhibirse en favor de este tribunal al estimar que es el órgano competente para investigar el caso.
En un auto notificado en esa fecha, la magistrada explicaba que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera competente a la Audiencia Nacional "en las defraudaciones que produzcan o puedan producir perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia". Por ello, Monreal acordó inhibirse en la instrucción de las diligencias que se siguen por este caso en favor de la Audiencia Nacional respecto de los delitos imputados al director general de la promotora, Francisco García Moreno, a los administradores de CPV (los hermanos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez) y Miguel Ángel Morillo del Pozo. Estos cuatro imputados se encuentran en libertad provisional sin fianza desde el pasado 20 de diciembre, después de que ingresaran en prisión en noviembre de 2002 por una presunta estafa a unas 1.200 familias que habían dejado una señal para la compra de una vivienda en los nuevos barrios del norte de la capital madrileña. La juez señalaba que CPV tiene promociones inmobiliarias en otras provincias, además de las de Madrid y Toledo, como en Alicante, Segovia y Guadalajara.
Una vez recibida la causa, y antes de practicar ninguna diligencia, Garzón ha solicitado a la fiscalía de la Audiencia Nacional que emita un informe en el que dé su opinión sobre si su juzgado es efectivamente competente para investigar el caso. Lo que ha hecho el juez Garzón es un mero trámite procesal y lo previsible es que la fiscalía de la Audiencia Nacional diga que sí, que el juzgado de Garzón es competente para tramitar este caso. La supuesta estafa de la CPV ha caído en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional merced al reparto de los casos que llegan a esta instancia judicial. Las normas procesales impiden que los ciudadanos elijan al juez, por eso todas las querellas y denuncias se reparten aleatoriamente entre los juzgados una vez que son registradas.
Tras inhibirse la juez Monreal en favor de la Audiencia Nacional para que esta instancia judicial lleve el caso, los afectados por la presunta estafa de la CPV han constituido una cooperativa cuya finalidad es comprar un solar municipal en Vallecas y levantar allí sus casas.
Los 761 afectados que solicitaron al Ayuntamiento que su caso fuera estudiado se han escindido en dos grupos y asociaciones diferentes: una, que representa a las 408 familias incluidas en el listado de la Empresa Municipal de la Vivienda, y otra nueva que agrupa a los excluidos de esa lista.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2003