El País Vasco ya cuenta con un plan para coordinar la seguridad vial durante el cuatrienio 2003-2006, cuyo principal objetivo es reducir en un 20% la mortalidad en los accidentes de carretera. El proyecto, aprobado el pasado 28 de marzo, nace desvirtuado por la oposición de las tres diputaciones, enfrentadas desde hace años con el Departamento de Interior por la gestión del tráfico. Los tres gobiernos forales solicitaron tener un mayor protagonismo en la planificación de las actuaciones durante el próximo cuatrienio, pero Interior lo ha rechazado.
A favor del Gobierno se colocaron la mayor parte de los miembros de la Comisión de Seguridad Vial del País Vasco, compuesta también por representantes de ayuntamientos, aseguradoras, transportistas, conductores y otros agentes que intervienen en el uso y gestión de las carreteras. Las últimas reuniones de ese organismo han transcurrido con tensión, marcadas por el conflicto competencial entre Interior y las diputaciones. Teóricamente, el litigio quedó resuelto por la Comisión Arbitral a favor de la consejería, pero sigue enfrentando a las instituciones. De hecho, Álava ha anunciado que pedirá el amparo al Tribunal Constitucional.
Interior ha encabezado el Plan Estratégico. La consejería lo presentó públicamente a finales de enero, minutos antes de la reunión donde se debía aprobar. En cambio, las diputaciones, sobre todo las de Guipúzcoa y Álava, presentaron una serie de objeciones y pidieron un aplazamiento. Finalmente, el plan no se aprobó hasta el pasado viernes, y siguiendo la mayoría de los criterios de la propuesta del Ejecutivo.
Las diputaciones vieron satisfechas algunas de sus reclamaciones, pero no las que consideran más importantes. Vizcaya, que en la anterior reunión se había mostrado favorable a aprobar el plan, cambió de opinión a la hora de votarlo.
Entre sus alegaciones, coincidió con Guipúzcoa en pedir un mayor protagonismo en los órganos que realizan el seguimiento del plan. En concreto reclamó la presencia de las diputaciones en el Comité Director, un órgano creado el año pasado compuesto por cinco viceconsejeros que ejerce una tutela -aunque sin poder ejecutivo- sobre los asuntos que se tratan. Interior, sin embargo, rechazó la sugerencia. Ése fue un elemento fundamental para que los directores forales de Carreteras de Vizcaya, Adolfo Alustiza, y de Guipúzcoa, José María Sarasola, votasen en contra de todo el plan. En representación de Álava no acudió el director, sino un técnico. En cualquier caso, este territorio también se opone.
Es evidente que el conflicto que enfrenta a Interior con las diputaciones ha influido en el debate del plan, que, aunque se ha sido aprobado, ha quedado marcado por ello. "El plan nace muerto", explican fuentes forales, "porque se debería basar en la coordinación institucional", que claramente no existe. La consejería de Javier Balza sólo quiere señalar al respecto que no desea "entrar en ningún tipo de conflicto".
Interior hizo un gesto para apartar el conflicto institucional del debate sobre seguridad vial. Sin embargo, la reunión en que se aprobó el Plan Estratégico mantuvo el mismo tono crispado de las anteriores. El proyecto, pese a todo, quedó aprobado y se ha remitido al Consejo de Gobierno para que lo ratifique. El Ejecutivo, a su vez, lo enviará al Parlamento vasco.
Medidas para 2003
Al mismo tiempo que se aprobó el plan cuatrienal, la Comisión de Seguridad Vial sacó adelante también el programa con las actuaciones concretas que se desarrollarán durante este año. En él, cada institución ha presentado sus propios proyectos, aunque al tratarse de la primera vez que se aprueba un plan de este tipo quedan por afinar las partidas presupuestarias concretas. De hecho, este año ha sido considerado "de transición" por la secretaría técnica del plan, encabezada por el ex vicelehendakari Jon Azua. En junio se tratarán de resolver las deficiencias.
Incluso aquí, en el plan exclusivo para 2003, también han surgido diferencias entre Interior y las tres diputaciones por supuesta invasión de competencias. Por ejemplo, en la colocación de paneles. En este aspecto, existe un conflicto reciente entre el Gobierno y Guipúzcoa, puesto que la Diputación negó un permiso a la consejería para colocar un panel de información variable en la N-I, a la altura de Olaberria. Interior decidió llevar el caso de nuevo a la Comisión Arbitral para que medie en el litigio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2003