El Ministerio de Agricultura y el sector productor de vino mantienen posiciones enfrentadas en relación con la política a seguir para la regulación del mercado del vino. Frente a la decisión de la Administración central, contemplada en el nuevo real decreto, para limitar rendimientos como un instrumento para adecuar la oferta a la demanda y limitar el potencial productivo, organizaciones agrarias y cooperativas estiman que las salidas pasan por otras actuaciones como aumento de la demanda, eliminación de viñedos ilegales o los abandonos voluntarios del cultivo.
Tras meses de negociaciones, el Gobierno ha puesto por fin en marcha una nueva disposición para regular la producción e industrialización de vino. Esta norma responde a la existencia de una oferta superior a la demanda y, sobre todo, ante la posibilidad de producciones más altas.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de abril de 2003