Tres cubanos que la semana pasada participaron en el secuestro de un transbordador en La Habana, con el propósito de huir a Estados Unidos, fueron ejecutados en la madrugada de ayer tras haber sido condenados el pasado 8 de abril a pena de muerte por "graves delitos de terrorismo" en un juicio sumarisímo celebrado en el Tribunal Provincial de La Habana. En un comunicado oficial las autoridades informaron ayer de que los ejecutados eran Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodanis Sevilla y Jorge Luis Martínez, a quienes el tribunal sancionó "tomando en cuenta la alta peligrosidad social de los hechos" y que los mismos habían sido "los brutales jefes de los secuestradores". El régimen no reveló la forma de las ejecuciones.
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La nota oficial explica que las penas de muerte fueron ratificadas por el Tribunal Supremo Popular y por el Consejo de Estado después de que los condenados presentaran recursos de apelación, que fueron rechazados. Éstas son las primeras ejecuciones confirmadas en Cuba desde abril de 2000, cuando, según grupos de derechos humanos en la isla, se ejecutó la última pena capital.
Según testigos presenciales, en el barrio de Centro Habana, donde vivía Bárbaro Leodán Sevilla, que tenía 21 años, se registraron algunos incidentes al comunicársele a la familia la ejecución. La madre de Sevilla sufrió una crisis de nervios al conocer la noticia y salió fuera de la casa dando gritos contra el Gobierno y llorando, a lo que se sumaron decenas de vecinos. La policía llegó para controlar la situación y mantuvo todo el día la zona acordonada.
Ramona Copello, madre de Lorenzo, afirmó que no había podido hablar con su hijo antes de la ejecución. "Yo sentía tremendo sentimiento por el Comandante, hasta lo quería, pero ya no lo quiero porque asesinó a mi hijo", dijo a varios periodistas extranjeros en su domicilio del barrio de Mantilla. Agregó que le habían dicho que su hijo ya estaba enterrado. "Me dieron una tarjeta con el número de la bóveda para que sepa dónde está enterrado", añadió. "Yo era revolucionaria y ahora ya no lo soy", dijo Ramona, que aseguró que estaba "dispuesta a todo por ese hijo que me fusilaron".
Ramona explicó que su hijo "debía ser castigado, pero con la cárcel, no con la muerte". Copello tenía 31 años, y dejó mujer y una hija de 11 años a la que vio por última vez en una visita a la cárcel el pasado jueves. Trabajaba como vigilante por 200 pesos (unos 8 euros) en un centro sanitario. La madre de Copello declaró que había decidido contar los detalles del proceso y la ejecución de su hijo "para que no sigan fusilando".
Protesta de los obispos
Los obispos católicos de Cuba rechazaron en un comunicado las penas de muerte y expresaron que, aunque "nadie tiene derecho a poner en peligro la vida de otras personas", nadie debe decidir que la muerte "sea inferida como remedio a sus acciones delictivas".
El 2 de abril, un grupo de 11 personas secuestró el transbordador que realizaba el trayecto entre La Habana y la cercana localidad de Regla con 50 personas a bordo. Su intención era dirigirse a EE UU, pero la lancha se quedó sin combustible a 45 kilómetros de Cuba. Después de varias horas de negociaciones, el ferry fue remolcado por guardacostas hasta el puerto del Mariel con la promesa suministrarles combustible. Tras 38 tensas horas de negociaciones los secuestradores, armados con pistolas y cuchillos, amenazaron con matar a los rehenes. Una turista francesa se tiró al agua y desencadenó su captura. No hubo heridos.
El Gobierno informó de que en el juicio fueron condenados a cadena perpetua otras cuatro personas; otra a 30 años de privación de libertad; y tres mujeres a penas que oscilan entre los dos y los cinco años. Pocos días antes se habían producido dos secuestros de avión, también para llegar a EE UU. Cuba acusó a Washington de fomentar estos secuestros por ser tolerante con los secuestradores.
Según el comunicado oficial, "los responsables del secuestro y desvío hacia EE UU" de la lancha Baragua hicieron uso de "extrema violencia y amenaza de muerte a los tripulantes y viajeros de la embarcación de transporte, que prestaba servicios en la bahía de La Habana, con gravísimo peligro para la vida de decenas de personas, convertidas en rehenes". Los hechos constituían "graves delitos de terrorismo (...) en virtud de lo cual y tomando en cuenta la alta peligrosidad social de los hechos, así como la responsabilidad individual" se dictó sentencia.
El Gobierno cubano afirmó que el Consejo de Estado, que preside Fidel Castro, ratificó las tres penas de muerte tras "analizar con profundidad los hechos probados (...) la gravedad de los mismos, y los peligros potenciales que implicaban no sólo para la vida de numerosas personas inocentes sino también para la seguridad del país sometido a un plan siniestro de provocaciones fraguado por los sectores más extremistas del Gobierno de EE UU y sus aliados de la mafia terrorista de Miami con el único propósito de crear condiciones y pretextos para agredir a nuestra Patria, la cual será defendida al precio que sea necesario".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de abril de 2003