La falta de estándares y servicios frena su uso
Hace más de tres años que España aprobó una ley para implantar la firma electrónica. Pero su uso práctico es muy residual. Ha tenido éxito como fórmula para pagar impuestos; más de un millón de españoles realizaron la declaración el pasado año con certificados digitales. Sin embargo, la falta de estándares y de servicios reales ha frenado su uso. Un nuevo proyecto de ley, que amplía la firma a personas jurídicas, trata de acelerar su implantación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de abril de 2003