Sostiene Alberto Fabra que no hay nada reprobable en el hecho de que él, como concejal de urbanismo de Castellón, posea una empresa de asesoría urbanística. Dice el alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, que el teniente de alcalde tiene derecho a ello. Añade Alberto Fabra que su empresa carece de actividad pero que, en todo caso, no trabaja en la capital de La Plana. La verdad es que el urbanismo castellonense está bajo sospecha. Una querella de los socialistas ha llevado al juez a indagar sobre supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento en la adjudicación a la sociedad Calviga, perteneciente al grupo Lubasa, de unos terrenos de la antigua estación de Renfe liberados tras el soterramiento de las vías. Durante la instrucción se ha sabido que Fabra creó, cuando ya era responsable de urbanismo, una empresa cuyo objeto es el análisis de proyectos y la gestión de programas para el desarrollo urbanístico de suelo; una empresa con dos socios más que administran a su vez otras firmas dedicadas a asuntos inmobiliarios, de construcción y de urbanización en municipios tan alejados de Castellón como Oropesa y Benicàssim. No supo aclarar Fabra en el juzgado si sus dos socios han tenido alguna relación profesional con Lubasa. La transparencia que alegan alcalde y concejal se resquebraja en preguntas. ¿Por qué ha habido que esperar a la instrucción de una querella para saber ciertas cosas? ¿Por qué tanto "sí, pero no" en las declaraciones de los responsables municipales? ¿Por qué ahora no aparece y ahora sí un acta del consejo de participación ciudadana que, además, resulta estar equivocada, a decir del político imputado, en lo que concierne a sus negociaciones con El Corte Inglés un año antes de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para ubicar un centro comercial en el polémico solar? Sostiene Gimeno que "los concejales tienen el mismo derecho que cualquier persona a trabajar en su profesión". Nada comenta sobre el derecho de los ciudadanos a una política un poco más estética, donde nadie pueda desempeñar una responsabilidad municipal con el mismo nombre de su empresa: Territorio y Urbanismo, sociedad limitada. ¿Limitada?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de abril de 2003