La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de andalucía (TSJA), acordó ayer incoar diligencias informativas contra el parlamentario de Izquierda Unida Antonio Romero por su actuación durante un incidente en un bar de Málaga durante la jornada de huelga general del pasado 20 de junio 2002. La sala, encargada de dictaminar las responsabilidades penales de las personas con un foro especial, convocará en las próximas semanas como imputado a Antonio Romero para que preste declaración.
Romero está acusado de un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y, subsidiariamente, de otro de coacciones. El magistrado Jerónimo Garvín, el mismo que llevó la causa, finalmenter archivada, contra la parlamentaria de Los Verdes Inmaculada Gálvez por su comportamiento durante un desahucio de un bar del centro de mayores del Ayuntamiento de Marbella, será el encargado de instruir las diligencias contra Romero.
La sala de lo Civil accede de este modo al requerimiento hecho por el titular del juzgado de instrucción número 11 de Málaga, Juan Francisco Ramírez Barroso, que la semana pasada remitió las actuaciones al TSJA. El juez acusa al parlamentario de propinar un golpe en una mano al dueño de un bar de Málaga. Romero formaba parte de uno de los piquetes informativos que recorrió las calles de Málaga para invitar a sumarse a los comerciantes a la huelga general.
El altercado ocurrió cuando los miembros del piquete procedían al cierre del establecimiento. El dueño del bar protestó y, supuestamente, el parlamentario le insultó y le propinó un manotazo que le produjo una contusión leve. La descripción de los hechos se basa en el testimonio de cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de un testigo y de los partes de lesiones presentados por el dueño del bar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de abril de 2003