El juzgado número tres de Ourense cree que las actuaciones durante la crisis de las vacas locas del actual consejero de Agricultura de la Xunta, de su antecesor y del responsable de Medio Ambiente hasta hace tres meses podrían constituir delito ecológico. El juez Olegario Somoza ha dictado un auto en que considera que los tres políticos fueron responsables por omisión del almacenamiento ilegal de decenas de reses muertas en instalaciones industriales de Ourense.
Somoza ha investigado los hechos desde que el 15 de enero de 2001 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil presentase una denuncia. Agentes de este cuerpo comunicaron al juzgado que en las instalaciones de Sugasa, una antigua fábrica de curtidos de Ourense a la que el Gobierno gallego había encomendado destruir los materiales de riesgo de las vacas muertas, se almacenaban ilegalmente decenas de cadáveres. La fábrica no tenía licencia municipal ni instalaciones para eliminar los animales, y las filtraciones desde el lugar donde se hacinaban las reses contaminaron un arroyo cercano.
El magistrado ve en los hechos indicios de delito contra el medio ambiente, del que también serían responsables "por omisión" los cargos del Gobierno gallego competentes sobre el caso: Cástor Gago, consejero de Agricultura forzado a dimitir en medio de la crisis de las vacas locas; su sustituto, Juan Miguel Diz Guedes, y el entonces responsable de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, que dejó el cargo hace tres meses tras otra polémica actuación en la catástrofe del Prestige. El magistrado ha remitido las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de abril de 2003