Cajasur, la caja que preside el sacerdote Miguel Castillejo, amenazó ayer a la Consejería andaluza de Economía con todas las "actuaciones" posibles en el "orden jurisdiccional" si la titular de este departamento, Magdalena Álvarez, va más allá de la "previsión legal" en su comparecencia en el Parlamento andaluz, prevista para hoy.
Álvarez está llamada a informar sobre las retribuciones del presidente y los directivos de Cajasur a raiz de la polémica suscitada por la póliza de 2,9 millones pagada por la entidad cordobesa para garantizar a Castillejo una renta vitalicia de, al menos, 213.000 euros cuando abandone su cargo, un seguro que la Junta cree ilegal y que ha denunciado ante el Fiscal Anticorrupción.
En su escrito, Cajasur sitúa los límites que, a su juicio, debe respetar la consejera: la información sólo puede versar sobre "el presidente y el director general" y "debe recoger los conceptos que integran las retribuciones y nunca el importe de las mismas". El Parlamento, que ha desechado una petición de Castillejo para impedir la comparecencia de Álvarez, decidirá hoy si la reunión se hace a puerta cerrada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de abril de 2003