La política urbanística ha motivado en los últimos años sonados litigios entre la Junta y los ayuntamientos, la mayoría de ellos de la franja litoral y especialmente en la Costa del Sol. Sólo entre 2000 y 2002, la Consejería de Obras Públicas presentó en los tribunales 149 recursos contencioso-administrativos contra decisiones municipales en materia urbanística, de los que aproximadamente un centenar corresponden a asuntos de la ciudad de Marbella.
En su mayoría se trata de licencias de obras concedidas por los ayuntamientos en contra de las determinaciones de sus propios planes generales de ordenación urbana. El caso de Marbella es paradigmático de este tipo de prácticas. El año pasado, la consejería impugnó 66 licencias concedidas por el Ayuntamiento que gobierna el Grupo Independiente Liberal (GIL) y en lo que va de 2003 los servicios jurídicos de la Junta ya han tramitado otros 18 recursos.
Las infracciones mayoritarias son la concesión de licencias de obras con mayor volumetría de la estipulada en las ordenanzas municipales, autorizaciones para construir en zonas reservadas para equipamientos o jardines, o autorizaciones expedidas sin la tramitación de los correspondientes instrumentos de desarrollo de la zona.
Competencias
Marbella es además un caso singular de actuación municipal al borde de la ley y sin reconocimiento de la autoridad de la Junta. Ambas administraciones están enfrentadas por cual es el planeamiento vigente en la ciudad. El Ayuntamiento no reconoce el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 porque no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, algo que hizo la Junta en 2000. Jesús Gil inició tras su llegada a la alcaldía en 1991 la redacción de un nuevo plan general, pero en julio de 1998 la Comisión Provincial de Urbanismo lo dejó suspendido y recomendó una serie de modificaciones que el Ayuntamiento debía atender en un texto refundido. Hasta en dos ocasiones posteriores la Junta ha vuelto a rechazar la propuesta municipal. Hace una semana, la comisión municipal de gobierno aprobó un nuevo documento que debe ahora tramitar.
Marbella tiene retiradas las competencias urbanísticas que la Junta delega en los ayuntamientos junto a otros tres municipios de la Costa del Sol, Torremolinos, Rincón de la Victoria y Benalmádena.
Las discrepancias con estos municipios tienen más que ver con cuestiones de planeamiento por las numerosas modificaciones puntuales de elemento aprobadas. Según la Junta, existe un uso abusivo de una figura pensada para agilizar determinados cambios que durante la ejecución del planeamiento se antojen aconsejables, y no para alterar los usos de suelo y los volúmenes de edificación, que desvirtúan los principios generales de los planes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003