Más que nunca, unas elecciones municipales, las del próximo 25 de mayo, van a ser determinantes para el diseño físico de las ciudades, y van a situar la política urbanística en el ojo del huracán del debate político. La entrada en vigor el pasado enero de la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía obligará a las corporaciones municipales que se constituyan tras la consulta en las urnas a revisar los planeamientos urbanísticos y a dotarse de nuevos planes generales adaptados a esta normativa autonómica. Ha llegado el momento de reordenar las ciudades.
No hay una imposición taxativa. Los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y demás instrumentos de planificación aprobados y en ejecución antes de la entrada en vigor de la ley pueden seguir aplicándose con las determinaciones que contenían, pero a partir del año 2007, límite de mandato de las nuevas corporaciones, ningún ayuntamiento podrá aprobar ya modificaciones de usos de suelo a los planes actuales que no hayan sido adaptados.
"La ley es respetuosa y generosa, no pretende marcar un antes y un después, y ha otorgado un horizonte amplio para la adaptación porque los procedimientos en urbanismo son lentos, pero lo que tampoco puede ser es que mediante la fórmula de modificaciones puntuales los ayuntamientos prorroguen sus planes actuales y la ley nunca entre en vigor, había que marcar un plazo para cerrar", explica la secretaria general de Urbanismo de la Junta, Josefina Cruz.
Las disposiciones transitorias de la ley otorgan un plazo más corto, de tres años, para que los promotores privados acometan aquellos instrumentos de ejecución (planes especiales y parciales) que ya estuvieran aprobados antes de la entrada en vigor de la ley con su correspondientes repartos de cargas y beneficios que, en caso contrario, serán declarados caducados.
Otra de las novedades esenciales con las que se encontrarán las nuevas corporaciones municipales es que ya no tendrán competencias delegadas de la Administración autonómica. Hasta ahora, la Junta tenía transferidas por decreto algunas competencias urbanísticas como la regulación de los usos del suelo no urbanizable, pero la nueva ley acaba con esta situación y hace a los ayuntamientos titulares de estas facultades que ejercían de hecho y para las que requerían de informes previos de las comisiones provinciales de urbanismo, de forma que algunos de los asuntos que la Junta había vetado en determinados municipios podrían ahora ver la luz siempre que se inicie de nuevo su tramitación desde el principio y de acuerdo a la nueva ley.
En este proceso de rediseño de las ciudades hay además otras imposiciones legales que resultarán determinantes en la nueva configuración urbana, como la obligación de destinar el 30% del suelo residencial que se ponga en carga a la promoción de viviendas protegidas, medida con la que se intenta paliar el importante déficit de este tipo de construcciones y facilitar a la población las posibilidades de acceso a una vivienda; o el establecimiento de un estándar mínimo de entre cinco y 10 metros cuadrados por habitante para parques, jardines y espacios verdes.
El debate sobre la cuestión urbanística se desenvuelve en dos escenarios: el formal, y el que afecta al propio modelo de desarrollo, el primero de carácter político y el segundo con un claro trasfondo ideológico.
Los ayuntamientos gobernados por el PP han iniciado los trámites para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, por entender que la ley urbanística andaluza merma las competencias municipales sobre la gestión de su propio territorio y los somete a la Junta.
El PP está en contra de que la Administración autonómica pueda formular determinados instrumentos de planeamiento en los municipios y de la creación de unas normas directoras para la ordenación urbanística, con la que la Junta pretende armonizar el desarrollo urbanístico de municipios de un mismo entorno.
Y en lo ideológico hay una clara diferencia entre el modelo propugnado por los partidos de izquierda, IU y PSOE, y el PP. Los primeros sostienen que deben ser los propios ayuntamientos, la iniciativa pública, la que asuma las iniciativas de ejecución de los planes urbanísticos y entienden que sólo así se garantiza una política urbanística que dé respuestas reales a las necesidades de la población.
El PP en cambio es más partidario de implicar a la iniciativa privada, y de hecho los ayuntamientos gobernados por esta formación han vendido en los últimos años buena parte de sus patrimonios de suelo. Esta fórmula garantiza además a los municipios unos ingresos que ayudan a paliar su insuficiencia financiera y que es la cuestión que estará en el fondo del debate de los próximos años.
Conflicto de competencias
La gestión urbanística de los municipios ha originado no pocos conflictos de competencias en los últimos años entre algunos ayuntamientos, especialmente gobernados por el PP, y la Junta de Andalucía.
Un caso singular por la entidad de la ciudad es el del Ayuntamiento de Málaga -habitualmente estos conflictos se producen con municipios de menor dimensión-, donde en los últimos siete meses la Consejera de Obras Públicas ha anulado tres acuerdos del pleno municipal que preside Francisco de la Torre y que afectan a las competencias propias que la Junta tiene cedidas a los ayuntamientos.
Dos de ellos fueron la declaración de interés público y utilidad social de los proyectos de construcción de un complejo geriátrico con 500 viviendas en Puerto de la Torre y un centro deportivo y cultural de capital ruso en el Monte San Antón. En ambos casos, la Junta entendió que se trata de un cambio de uso de suelo que consolidaba espacios urbanos que no es permisible en suelo urbanizable y que debían tramitarse como modificación de elemento al PGOU.
También ha suspendido la Junta el cambio de uso de una parcela en Teatinos destinada en principio a viviendas para estudiantes, motivo por el que se le dio más volumetría de la permitida en la zona, y que finalmente quedará para casas libres sin reducción de techo. Además, la consejera debe resolver un cuarto recurso sobre la recalificación de los terrenos de la antigua fábrica de tabacos.
La intervención de la Junta ha servido al PP de Málaga para acusar a ésta de impedir el desarrollo de la ciudad y de actuar como oposición municipal, crítica que se ha acentuado tras la inclusión como número dos en la lista socialista del hasta hace una semana delegado provincial de Obras Públicas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 2003